Ligado al Opus Dei, el decano de la Universidad Austral desarrolló su carrera académica militando contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, es abogado de empresas extractivistas que explotan los bienes naturales y los territorios. Se trata de un hombre alineado con el plan político y el marco ideológico de Milei.
El Gobierno informó mediante un comunicado este martes que finalmente Manuel García Mansilla y Ariel Lijo serán nombrados para integrar la Corte Suprema mediante decreto presidencial. Ambos habían sido propuestos por el Gobierno desde inicios del 2024, pero el avance de sus nombramientos había fracasado en la negociación con los demás partidos del régimen.
Manuel García-Mansilla es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución fuertemente ligada al Opus Dei. Su nombramiento se da según el Gobierno como reemplazo del ex juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, quien cumplió 75 años el pasado 29 de diciembre, dejando su silla vacante.
Nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, actualmente tiene 53 años. Inició su carrera como abogado en 1996, después de graduarse en la Universidad Austral. Según fuentes de la Casa Rosada, el nombre de García Mansilla fue sugerido a Javier Milei por Rodolfo Barra, ex procurador del Tesoro de la Nación y también con vínculos históricos con el Opus Dei.
La elección presidencial se debe a criterios políticos e ideológicos: García Mansilla es un académico antiderechos y un abogado de carrera defensor de empresas extractivistas.
García Mansilla expuso en julio de 2018 en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el debate en el Congreso. “El derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país; el aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, dijo en aquel momento.
No solo estuvo en contra del derecho a la IVE, sino que también está en contra de los casos de aborto no punible. El actual decano de la Austral tiene un trabajo titulado “Las arbitrariedades del caso F.A.L.”, en el que criticaba el fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que no eran punibles los abortos en el caso de que los embarazos fueran producto de una violación.
Abogado al servicio del extractivismo
Su especialización en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario, junto a su trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos, le valieron el puesto de director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en 2014, y actualmente continúa siendo directivo de ese organismo.
Entre otros casos, asesoró la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta. También fue integrante del equipo a cargo de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 20 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz.
Además, entre 1997 y 2005 trabajó en el departamento de derecho público del estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem, mano derecha del exministro de Economía Domingo Cavallo durante la convertibilidad, y nada menos que hijo del titular del Ministerio de Trabajo (1976-1979) y del Ministerio del Interior (1981) durante la última dictadura cívico militar.
Entre múltiples rechazos, institutos y organizaciones cuestionaron sus posiciones respecto a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre la constitucionalidad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La confirmación de García Mansilla a ocupar la vacante en la Corte Suprema de la Nación es una reafirmación del rumbo contra los derechos de las mujeres y diversidades del Gobierno de Milei, pero también contra las grandes mayorías populares del país, la defensa del extractivismo de los bienes naturales y la negación del daño socio-ambiental.
Además, deja al desnudo las mentiras de su discurso en campaña: al contrario de enfrentar a la “casta”, se alinea con ella y la incorpora. Su blanco continúan siendo las y los trabajadores.
Los puestos de por vida de los jueces supremos, con sueldos millonarios, que no son elegidos por el voto popular, son la máxima expresión de un Poder Judicial profundamente antidemocrático y privilegiado. Milei protege la casta judicial, como lo hicieron gobiernos anteriores, sin cuestionar los privilegios que mantiene.
Si bien el nombre de Mansilla acompañaba al de Lijo desde el principio, sonaba también como posible prenda de negociación en el objetivo de meter al juez federal en el máximo tribunal. La medida de confirmar el nombramiento de ambos por decreto se da en el marco de la peor crisis política que atraviesa el Gobierno producto de la estafa cripto, y de su reciente pelea con Clarín con eje en la compra de Telefónica por parte de Telecom, la cual despertó sus desconocidas sensibilidades antimonopólicas.
Su nombramiento junto al de Lijo es caracterizado por distintos sectores políticos como inconstitucional, inclusive el propio Mansilla tan solo cinco meses atrás en su audiencia ante el Senado dijo que si bien creía constitucionalmente válido el mecanismo del artículo 99.19 (el artículo q usa Milei para nombrar por decreto), él no lo aceptaría ya que “son decisiones que erosionan y deslegitiman a la Corte”.
Fuente: La Izquierda Diario