De acuerdo a la acusaci\u00f3n, el D2 tuvo injerencia en la persecuci\u00f3n sufrida tanto por Moyano como por su entorno y su grupo de pertenencia durante 1975, cuando Mar\u00eda del Carmen a\u00fan viv\u00eda en Mendoza. En ese entonces, Fern\u00e1ndez Miranda era parte del D2 junto con el fallecido Eduardo Smaha Borzuk, y al que luego se incorpor\u00f3 tambi\u00e9n Garay. Ese organismo fue el eslab\u00f3n principal en la persecuci\u00f3n desplegada contra Moyano en esa provincia, quien a ra\u00edz de esa persecuci\u00f3n se radic\u00f3 poco despu\u00e9s en San Juan, donde conoci\u00f3 a Poblete.<\/em><\/p>\n\n\n\n La hija de Moyano y Poblete naci\u00f3 aproximadamente en junio de 1977 en instalaciones de la Escuela de Mec\u00e1nica de la Armada (ESMA), situada en la ciudad de Buenos Aires, donde su madre permanec\u00eda privada ileg\u00edtimamente de la libertad desde abril de ese a\u00f1o, tras ser trasladada desde el centro clandestino de detenci\u00f3n La Perla, ubicado en la provincia de C\u00f3rdoba. Al momento de los hechos, Moyano ten\u00eda 23 a\u00f1os y cursaba el s\u00e9ptimo mes de su embarazo, cuando fue secuestrada en C\u00f3rdoba junto a su pareja. Transcurridos ocho d\u00edas del parto, la ni\u00f1a fue arrancada de los brazos de su madre y entregada a Fern\u00e1ndez Miranda y Luffi. Ambos inscribieron a la ni\u00f1a como hija biol\u00f3gica, mientras que Garay y el fallecido Smaha fungieron como testigos del nacimiento falsamente documentado, mediante una partida de nacimiento con datos ap\u00f3crifos.<\/em><\/p>\n\n\n\n El tribunal conden\u00f3 a dos ex integrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) mendocino y a la esposa de uno de ellos. Por mayor\u00eda, utiliz\u00f3 la escala penal contemplada por la ley vigente al momento en que hab\u00eda comenzado a cometerse el hecho y no cuando fue hallada e identificada la v\u00edctima, pese a que en un fallo anterior en esa misma jurisdicci\u00f3n la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal se hab\u00eda pronunciado en aplicar la ley vigente al momento de que ces\u00f3 el hecho, que establece una escala penal mayor.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Oral Federal N\u00b01 de Mendoza estuvo integrado en este proceso por Alejandro Pi\u00f1a, Alberto Daniel Carelli y Mar\u00eda Paula Marisi. El veredicto fue transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Los jueces Alejandro Pi\u00f1a, Alberto Daniel Carelli y Mar\u00eda Paula Marisi condenaron al ex oficial de inteligencia de la polic\u00eda provincial (D-2) Armando Osvaldo Fern\u00e1ndez Miranda a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por considerarlo coautor de retenci\u00f3n y ocultamiento de una persona menor de diez a\u00f1os, con la alteraci\u00f3n del estado civil de una menor de diez a\u00f1os y por hacer insertar datos falsos en documento p\u00fablico destinado a acreditar la identidad de las personas. Su esposa, Iris Yolanda Luffi, fue considerada coautora de los mismos delitos, y recibi\u00f3 una pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, Abelardo Garay, tambi\u00e9n integrante del D2 junto a Fern\u00e1ndez Miranda, fue condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n como part\u00edcipe necesario de retenci\u00f3n y ocultamiento, y como coautor de los delitos de alteraci\u00f3n del estado civil de una menor de edad y por hacer insertar datos falsos en documento p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El auxiliar fiscal Daniel Rodr\u00edguez Infante hab\u00eda requerido penas mayores, de conformidad con la escala penal prevista para el delito de sustracci\u00f3n, retenci\u00f3n y ocultamiento seg\u00fan la ley 24.410, norma vigente desde el a\u00f1o 1995 y que consider\u00f3 aplicable por tratarse de delitos permanentes, que se hab\u00edan extendido m\u00e1s all\u00e1 de esa fecha y hasta el momento en que la v\u00edctima recuper\u00f3 su identidad. Igual postura hab\u00eda expresado la querella de la Asociaci\u00f3n Abuelas de Plaza de Mayo.<\/p>\n\n\n\n No obstante, el Tribunal calific\u00f3 los hechos seg\u00fan la ley 11.179, que reg\u00eda al momento en que hab\u00edan comenzado a ejecutarse y que prev\u00e9 penas menores. Esta posici\u00f3n ya hab\u00eda sido cuestionada por el Ministerio P\u00fablico Fiscal tras la sentencia reca\u00edda en un juicio anterior realizado en torno a la apropiaci\u00f3n de Claudia Dom\u00ednguez. En esa oportunidad la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal hizo lugar al recurso de casaci\u00f3n y dio raz\u00f3n a la Fiscal\u00eda, disponiendo el reenv\u00edo de la causa para que se consideraran nuevamente las penas de conformidad con la ley 24.410. Pese a dicho antecedente, el tribunal oral, en el juicio que concluy\u00f3 ayer, volvi\u00f3 a insistir con su posici\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n Al momento de los hechos, Moyano ten\u00eda 23 a\u00f1os y cursaba el s\u00e9ptimo mes de su embarazo, cuando fue secuestrada en C\u00f3rdoba junto a su pareja. Transcurridos ocho d\u00edas del parto, la ni\u00f1a fue arrancada de los brazos de su madre y entregada a Fern\u00e1ndez Miranda y Luffi.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, y en sinton\u00eda con lo solicitado por el Ministerio P\u00fablico Fiscal, el tribunal declar\u00f3 a los hechos investigados en el juicio como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. Tambi\u00e9n hizo lugar a la solicitud formulada por Rodr\u00edguez Infante para que Moyano fuera considerada v\u00edctima de violencia diferenciada por razones de g\u00e9nero, en relaci\u00f3n a la violencia espec\u00edfica contra las mujeres que exhib\u00eda el accionar represivo estatal.<\/p>\n\n\n\n A lo largo de tres jornadas, el alegato de Rodr\u00edguez Infante pormenoriz\u00f3 la persecuci\u00f3n sufrida por Moyano y Poblete, y las acciones de b\u00fasqueda, no s\u00f3lo del paradero de la pareja, sino tambi\u00e9n para encontrar a Miriam, la hija de ambos. En ese sentido, mencion\u00f3 los h\u00e1beas corpus presentados por sendas familias, como tambi\u00e9n las cartas dirigidas al Ministerio del Interior al momento de su desaparici\u00f3n, todo lo cual fue documentado ante la Comisi\u00f3n Nacional sobre Desaparici\u00f3n de Personas (CONADEP).<\/p>\n\n\n\n Al momento de solicitar penas para los tres condenados, el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal requiri\u00f3 que se ponga en conocimiento al Poder Ejecutivo de la provincia la existencia de la condena, para que se d\u00e9 cumplimiento a la baja por exoneraci\u00f3n de los condenados de la Polic\u00eda mendocina, de la cual Fern\u00e1ndez Miranda y Garay formaban parte al momento de los hechos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, en su intervenci\u00f3n Rodr\u00edguez Infante solicit\u00f3 a los tres imputados que rompieran su pacto de silencio, dado que, si bien el juicio hab\u00eda permitido reconstruir sustancialmente lo sucedido y demostrar con claridad cu\u00e1l era el rol y la responsabilidad que hab\u00edan tenido, \u201cdicha reconstrucci\u00f3n -lograda pese al silencio y la mentira- no deja de ser parcial, como siempre que se juzga el accionar represivo estatal”. Afirm\u00f3 que los acusados le deb\u00edan eso “a la sociedad en su conjunto, y particularmente a Miriam\u201d.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Fiscales.Gob.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mendoza: Condenaron con penas de 5, 8 y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para los responsables de la apropiaci\u00f3n de la hija de Carlos Poblete y Mar\u00eda del Carmen Moyano. Intervinieron el fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodr\u00edguez Infante. 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