Las actuaciones se iniciaron por una denuncia del fiscal general G\u00f3mez, quien puso en conocimiento del entonces responsable de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b02 de Tucum\u00e1n, Pablo Camu\u00f1a, que camiones que pertenecer\u00edan al Ingenio La Corona, arrojar\u00edan miles de litros de vinaza -un efluente de la industria azucarera- al cauce del R\u00edo Medinas, a la altura de la localidad tucumana de Monteagudo, afectando as\u00ed los r\u00edos Chico, Hondo y Dulce, en la provincia de Santiago del Estero.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, se encomend\u00f3 a la Divisi\u00f3n de Delitos Federales y Tributarios de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), que realice una serie de tareas de investigaci\u00f3n, que permitieron establecer que los ingenios \u201cLa Trinidad\u201d y \u201cLa Corona\u201d arrojan sus efluentes a un curso de agua que desemboca en los r\u00edos Medina, Gastona y Chirimayo, que a su vez confluye en la cuenca Sali-Dulce, en la provincia de Santiago del Estero.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, el juez federal dispuso una serie de allanamientos, registros y toma de muestras que, al ser peritadas arrojaron como resultado que los par\u00e1metros de cromo y cobre presentes en los efluentes que el ingenio vierte en el R\u00edo Gastona, exceden los valores establecidos por la normativa provincial y nacional vigente.<\/p>\n\n\n\n
En virtud de ello, en octubre de 2019, el juez federal proces\u00f3 sin prisi\u00f3n preventiva a la presidenta de la sociedad \u201cDistribuidora Tucumana de Azucares S.A.\u201d -que explotaba el ingenio- como coautora de delito de contaminaci\u00f3n ambiental, contemplado en el art\u00edculo 55 de la Ley N\u00b024.051 de Residuos Peligrosos. Posteriormente, el 31 de agosto de 2020, se proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva al ingeniero que se desempe\u00f1aba como gerente de planta del ingenio investigado -por su responsabilidad en lo referente a la gesti\u00f3n ambiental del establecimiento-. Tal decisi\u00f3n fue recurrida por su defensa, al considerarla arbitraria, por tener una fundamentaci\u00f3n solo aparente, y por qu\u00e9 el juez no analiz\u00f3 circunstancias esenciales para la resoluci\u00f3n del conflicto, y se neg\u00f3 a producir las pruebas ofrecidas por la defensa\u201d. Por su parte, el fiscal general Gustavo G\u00f3mez no adhiri\u00f3 a la presentaci\u00f3n de la defensa.<\/p>\n\n\n\n
Al resolver la cuesti\u00f3n, la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Tucum\u00e1n entendi\u00f3 que la decisi\u00f3n impugnada contaba con los fundamentos jur\u00eddicos necesarios y suficientes que \u201cimpiden su descalificaci\u00f3n como acto jurisdiccional v\u00e1lido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n en cuanto al agravio de la afectaci\u00f3n del principio de congruencia, los camaristas destacaron que \u201cde la lectura de la causa surge con claridad que en todos los actos procesales relevantes estuvo presente en la imputaci\u00f3n el volcado de efluentes industriales (cabe destacar que la vinaza es un tipo de efluente). En el acto de la declaraci\u00f3n indagatoria la conducta del imputado, por la que el Fiscal y el Juez entendieron configurado el delito, fue descrita con suma precisi\u00f3n desde el inicio de las actuaciones y fue conocida por \u00e9l. La descripci\u00f3n de los hechos sustancialmente se replic\u00f3 en el auto de procesamiento, lo que impide sostener que la base f\u00e1ctica haya sido desconocida para \u00e9l y, as\u00ed, afectado el principio de congruencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Agregaron que \u201cno se observa la existencia de una variaci\u00f3n del suceso endilgado en las indagatorias, con los hechos por los cuales se le dict\u00f3 auto de procesamiento, como tampoco se advierte de qu\u00e9 concretas defensas se vio privado el imputado. Todo lo cual descarta una posible afectaci\u00f3n al principio de congruencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, analizaron la normativa vigente aplicable al caso y concluyeron que \u201ccabe la imputaci\u00f3n a quienes resultan garantes de la evitaci\u00f3n del resultado, criterio aplicable tanto en los delitos de comisi\u00f3n como de omisi\u00f3n, es decir a quienes poseen funciones directivas en la empresa y que determinan las pol\u00edticas de la misma\u201d. En tal sentido se\u00f1alaron que el procesado, \u201cen su car\u00e1cter de gerente de planta del ingenio investigado (encargado de todo lo referente a la gesti\u00f3n ambiental del establecimiento) habr\u00eda tenido conocimiento de las caracter\u00edsticas y de las consecuencias contaminantes de la vinaza que arrojaba el ingenio en el cauce del R\u00edo Gastona. El hecho habr\u00eda tenido lugar en el momento en el que los efluentes, producidos a consecuencia del proceso de elaboraci\u00f3n de az\u00facares del Ingenio La Corona, fueron vertidos sin tratamiento, ello sin haber tomado, adem\u00e1s, los recaudos necesarios a fin de adecuar las instalaciones para el debido tratamiento de dichos efluentes, causando da\u00f1o al medio ambiente y a la salud\u201d.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, consideraron que \u201clas circunstancias expuestas precedentemente y las pruebas reunidas durante el transcurso de la investigaci\u00f3n, dan por tierra con los planteos formulados por el apelante y nos permiten sostener con el grado de probabilidad que habilita esta etapa del proceso que la interpretaci\u00f3n de los elementos de cargo efectuada por el magistrado de grado result\u00f3 ajustada a derecho, de conformidad a las constancias de la causa\u201d, por lo que rechazaron la apelaci\u00f3n de la defensa t\u00e9cnica y confirmaron el procesamiento oportunamente dictado.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: fiscales.gob.ar<\/p>\n\n\n\n
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