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El titular de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal Federal N\u00b05, Franco Picardi, y el auxiliar fiscal Facundo Corado requirieron la elevaci\u00f3n a juicio de la causa que tiene imputado al empresario Juan Mariano Mart\u00ednez Rojas y a otras catorce personas por la usurpaci\u00f3n de las instalaciones del diario Tiempo Argentino y radio Am\u00e9rica en la madrugada del 4 de julio de 2016 y de los da\u00f1os provocados en el inmueble, del robo de bienes fundamentales para el funcionamiento de esos medios de comunicaci\u00f3n y de la consecuente interrupci\u00f3n de su funcionamiento. Los representantes del MPF remarcaron que, m\u00e1s all\u00e1 del encuadre penal de estos hechos, “el accionar de las personas imputadas provoc\u00f3 una grave afectaci\u00f3n del derecho al trabajo y a la libertad de expresi\u00f3n y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio Am\u00e9rica, as\u00ed como tambi\u00e9n, vulner\u00f3 el derecho a la informaci\u00f3n de la sociedad a trav\u00e9s de los mencionados medios de comunicaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda acus\u00f3 a Mart\u00ednez Rojas por la autor\u00eda del plan criminal que abarc\u00f3 aquellas conductas il\u00edcitas. Se\u00f1al\u00f3 que el empresario contrat\u00f3 a otro acusado, Juan Carlos Blander, responsable de una empresa de seguridad privada, para que convocara a las restantes trece personas imputadas en la causa y que aquella madrugada actuaron como \u201cpatota\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El MPF puso de relieve que los quince imputados -en realidad el grupo estaba compuesto por 17 personas, una de las cuales falleci\u00f3 y la otra, un cerrajero contratado, ajeno a los hechos, fue sobrese\u00edda- quienes alrededor de las 00.30 del 4 de julio de 2016 irrumpieron en el inmueble de Amen\u00e1bar 23 de la ciudad de Buenos Aires y desalojaron violentamente a los tres integrantes de la cooperativa que en ese momento se encontraban trabajando en el lugar.<\/p>\n\n\n\n
En este cuadro, Mart\u00ednez Rojas y Blander fueron acusados como coautores y el resto de los imputados, en car\u00e1cter de part\u00edcipes necesarios. Estos \u00faltimos son Gabriel Mart\u00edn Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz D\u00edaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Ca\u00f1a, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar D\u00edaz, Rodrigo Ezequiel Rold\u00e1n, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ram\u00edrez, Omar Osvaldo Ontivero y Alejandro Agust\u00edn Marostica Spahn.<\/p>\n\n\n\n
“El accionar de las personas imputadas provoc\u00f3 una grave afectaci\u00f3n del derecho al trabajo y a la libertad de expresi\u00f3n y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio Am\u00e9rica, as\u00ed como tambi\u00e9n, vulner\u00f3 el derecho a la informaci\u00f3n de la sociedad a trav\u00e9s de los mencionados medios de comunicaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
Un ataque a la libertad de expresi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
“Una vez que las personas imputadas franquearon el ingreso, recorrieron las instalaciones y, a medida que encontraron a los pocos trabajadores que se hallaban laborando un fin de semana y durante la noche, los obligaron a abandonar el edificio, para lo cual utilizaron amenazas y violencia f\u00edsica”, apuntaron los representantes del MPF.<\/p>\n\n\n\n
Tras la ocupaci\u00f3n del lugar, los imputados “provocaron graves da\u00f1os en diversas instalaciones y en los sistemas inform\u00e1ticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefon\u00eda y, adem\u00e1s, sustrajeron el disco r\u00edgido del servidor central y un switch para la conexi\u00f3n de internet, todo lo cual resultaba imprescindible para el funcionamiento del diario Tiempo Argentino y de la Radio Am\u00e9rica”, indic\u00f3 la acusaci\u00f3n. Otro de los da\u00f1os producidos fue el corte de la l\u00ednea digital que une los estudios centrales de la radio con la planta transmisora ubicada en Villa Soldati. La consola para transmitir hab\u00eda sido desatornillada, pero los atacantes no lograron retirarla.<\/p>\n\n\n\n
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<\/figure><\/div>\n\n\n\nLa usurpaci\u00f3n de las instalaciones del diario y la radio dur\u00f3 unas cinco horas. Seg\u00fan se detalla en la pieza acusatoria, los atacantes ingresaron de forma violenta y luego, ante el llamado de los trabajadores al servicio de emergencias 911, la polic\u00eda no actu\u00f3 con rapidez debido a que Mart\u00ednez Rojas exhibi\u00f3 papeles con los que persuadi\u00f3 a los agentes -que fueron denunciados por su inacci\u00f3n- de que era el leg\u00edtimo propietario del lugar. No obstante, relata la acusaci\u00f3n en base a los testimonios y documentos recogidos, los y las periodistas de los medios atacados se movieron r\u00e1pidamente para demostrar que las firmas Balkbrug S.A. -expropitaria del diario- y Desup S.A. -exlicenciataria de la radio-, ambas dependientes de Mart\u00ednez Rojas, no ten\u00edan dominio sobre el lugar.<\/p>\n\n\n\n
“Al momento de los hechos la redacci\u00f3n del diario Tiempo Argentino se encontraba administrada por la ‘Cooperativa de Trabajo Por M\u00e1s Tiempo Limitada’. Ello, luego de que la empresa Balkbrug S.A. dejara de abonar tanto los sueldos de los empleados como los c\u00e1nones locativos del inmueble, propiedad de la firma SFP S.A. As\u00ed, frente a la falta de pago de sueldos, los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Naci\u00f3n para que mediara en la situaci\u00f3n, habiendo constituido la cooperativa el 19 de abril de 2016 para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y conservar los bienes, en tanto la empresa SFP S.A. inici\u00f3 un juicio de desalojo por la falta de pago de los alquileres”, describieron los representantes del MPF.<\/p>\n\n\n\n
Los imputados “provocaron graves da\u00f1os en diversas instalaciones y en los sistemas inform\u00e1ticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefon\u00eda y, adem\u00e1s, sustrajeron el disco r\u00edgido del servidor central y un switch para la conexi\u00f3n de internet”.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda record\u00f3 que Mart\u00ednez Rojas ya hab\u00eda reclamado su presunto derecho sobre el lugar a trav\u00e9s de presentaciones judiciales. “Su accionar fue un intento de resolver por la fuerza aquel conflicto que todav\u00eda no hab\u00eda sido resuelto por la justicia. A ello debe agregarse que Mart\u00ednez Rojas, unos meses antes del hecho aqu\u00ed atribuido, intent\u00f3 tomar por la fuerza el establecimiento donde funcionan los medios en cuesti\u00f3n, conforme lo manifestara Javier Mat\u00edas Borelli -presidente de la cooperativa de trabajadores damnificada en las actuaciones-, aunque en aquel momento la situaci\u00f3n pudo ser solucionada”, puntualiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n fiscal puso de relieve que el cerrajero que estuvo imputado en la causa y luego fue sobrese\u00eddo cont\u00f3 que “fue contratado por Mart\u00ednez Rojas a trav\u00e9s de Spahn para que realizara la apertura de las puertas y el cambio de cerraduras, lo que demuestra a todas luces que, m\u00e1s all\u00e1 de los destrozos producidos en las instalaciones, exist\u00eda una intenci\u00f3n de quedarse en el lugar”.<\/p>\n\n\n\n
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<\/figure><\/div>\n\n\n\nAl repasar los destrozos y robos producidos por la \u201cpatota\u201d en el inmueble, la fiscal\u00eda destac\u00f3 el testimonio del periodista y secretario de la cooperativa, Randy Paul Stagnaro, quien refiri\u00f3 que \u201cfueron da\u00f1os que apuntaron a impedir que sigamos trabajando; a impedir que saliera tanto el diario como la p\u00e1gina web, porque los da\u00f1os eran tanto en la red interna como con los v\u00ednculos al exterior, las se\u00f1ales de internet, los tel\u00e9fonos. Sin eso una redacci\u00f3n no puede funcionar. Adem\u00e1s, al sustraer un disco duro del servidor m\u00e1s importante que ten\u00edamos, era imposible que las computadoras pudieran actuar entre s\u00ed; eso imposibilita la salida del diario\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En ese punto, la acusaci\u00f3n fiscal se detuvo en la normativa constitucional y convencional, como en la doctrina, referidas a la libertad de expresi\u00f3n, violentada por el accionar de los atacantes. Entre otros aspectos, cit\u00f3 la opini\u00f3n consultiva 5\/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que \u201cexiste una doble dimensi\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n: la individual y la social; la primera signada por asegurar al individuo la posibilidad de utilizar cualquier medio id\u00f3neo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los dem\u00e1s; la segunda, por el derecho de la sociedad a recibir informaciones e ideas\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Fuente: Fiscales. Gob<\/p>\n\n\n\n
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