{"id":54683,"date":"2025-02-13T00:16:47","date_gmt":"2025-02-13T03:16:47","guid":{"rendered":"https:\/\/agendadelsur.com\/?p=54683"},"modified":"2025-02-13T00:16:48","modified_gmt":"2025-02-13T03:16:48","slug":"criminalizacion-de-brigadistas-y-hostigamiento-a-comunidades-indigenas-en-la-patagonia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agendadelsur.com\/index.php\/2025\/02\/13\/criminalizacion-de-brigadistas-y-hostigamiento-a-comunidades-indigenas-en-la-patagonia\/","title":{"rendered":"Criminalizaci\u00f3n de brigadistas y hostigamiento a comunidades ind\u00edgenas en la Patagonia"},"content":{"rendered":"\n
La prisi\u00f3n preventiva de Nicol\u00e1s Heredia y los allanamientos a medios de comunicaci\u00f3n mapuche son parte de una tendencia preocupante del sistema penal en la zona patag\u00f3nica. La criminalizaci\u00f3n de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades ind\u00edgenas. Estas acciones no disimulan la gesti\u00f3n ineficaz de los incendios en la regi\u00f3n.<\/h6>\n\n\n
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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Nicol\u00e1s Heredia fue detenido el 5 de febrero mientras participaba como voluntario para mitigar los incendios en la regi\u00f3n de Mall\u00edn Ahogado, en R\u00edo Negro. A pesar de que otras personas que fueron arrestadas junto a \u00e9l fueron liberadas pocas horas despu\u00e9s, Heredia fue acusado de \u201cincendio en grado de tentativa\u201d y el juez Ricardo Calcagno le impuso prisi\u00f3n preventiva por 30 d\u00edas. Este 11 de febrero, seis d\u00edas despu\u00e9s de su detenci\u00f3n, el juez encargado de revisar la apelaci\u00f3n, Sergio Pichetto, en la audiencia de revisi\u00f3n, confirm\u00f3 la prisi\u00f3n. La decisi\u00f3n judicial carece de fundamentos objetivos.<\/p>\n\n\n\n

La prisi\u00f3n preventiva s\u00f3lo debe aplicarse cuando hay un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n. En el caso de Heredia, la fiscal\u00eda argument\u00f3 un presunto peligro de fuga debido a que no tiene domicilio en la provincia de R\u00edo Negro, pero la defensa present\u00f3 documentaci\u00f3n que demuestra que reside en Senillosa, Neuqu\u00e9n, donde trabaja y vive con su familia. As\u00ed, el principal argumento para su detenci\u00f3n no tiene validez. El juez Calcagno justific\u00f3 la medida con el argumento de que Heredia podr\u00eda interferir en la investigaci\u00f3n, especialmente en el peritaje de una botella con l\u00edquido presuntamente inflamable. Sin embargo, la botella est\u00e1 en poder del Poder Judicial, por lo que resulta absurdo sostener que Heredia podr\u00eda obstaculizar su an\u00e1lisis. La falta de evidencia directa convierte su detenci\u00f3n en una medida arbitraria y desproporcionada.<\/p>\n\n\n\n

Estas decisiones judiciales no son inocuas. Las comunidades de R\u00edo Negro y Chubut est\u00e1n directamente comprometidas en todo tipo de tareas que contribuyan a contener el fuego. Las dimensiones del territorio arrasado son hasta ahora tres veces m\u00e1s grandes que en a\u00f1os anteriores, la reacci\u00f3n estatal para combatir el fuego es ca\u00f3tica y err\u00e1tica. En ese contexto, quienes ponen directamente el cuerpo y el tiempo para tareas de mitigaci\u00f3n son vecinos y vecinas con el impulso de la solidaridad y el cuidado de sus lugares. La persecuci\u00f3n policial y judicial a brigadistas voluntarixs atenta contra el compromiso social, desalienta la participaci\u00f3n, genera miedo y desconfianza en las instituciones y, finalmente, deja avanzar los incendios. \u00bfQui\u00e9n va a ayudar si puede terminar en la c\u00e1rcel? Nicol\u00e1s es v\u00edctima de una detenci\u00f3n arbitraria. En lugar de enfocarse en identificar las verdaderas causas de los incendios y las responsabilidades institucionales en su manejo, el sistema de justicia opt\u00f3 por criminalizar a un voluntario.<\/p>\n\n\n\n

El escenario es m\u00e1s complejo, porque se inscribe en una tendencia de criminalizaci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas y defensores ambientales en la Patagonia. La justicia de Chubut intensific\u00f3 su hostigamiento hacia las comunidades mapuche y orden\u00f3 allanamientos en domicilios particulares y medios de comunicaci\u00f3n comunitarios. Esta estrategia no s\u00f3lo refuerza una narrativa de estigmatizaci\u00f3n, sino que busca deslegitimar la lucha territorial y ambiental de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Este enfoque represivo y racista se refuerza con el discurso de funcionarios como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien a pesar de que no existen pruebas, insiste en vincular a las comunidades ind\u00edgenas con la intencionalidad de los incendios. Esas declaraciones alientan el uso arbitrario del derecho penal contra los sectores m\u00e1s vulnerables de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El uso del discurso antiterrorista para justificar detenciones arbitrarias y allanamientos sin pruebas objetivas representa una grave amenaza para los derechos y las libertades de las personas. La instrumentalizaci\u00f3n del sistema penal bajo esta l\u00f3gica no s\u00f3lo pone en riesgo a personas como Nicol\u00e1s Heredia, sino que tambi\u00e9n erosiona el derecho a la protesta y a la defensa del territorio.<\/p>\n\n\n\n

El Poder Judicial, por otra parte, no est\u00e1 haciendo el debido control de las tareas policiales. Eso se pudo ver en las numerosas detenciones policiales de la \u00faltima semana a defensores ambientales sin que se convaliden judicialmente. El punto es que esas detenciones nunca deber\u00edan haber ocurrido. En cambio, la polic\u00eda sin control alguno avasall\u00f3 los derechos de quienes se involucran en la protecci\u00f3n del ambiente y de las comunidades locales. La justicia patag\u00f3nica no est\u00e1 lejos de la misma arbitrariedad.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Cels<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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