{"id":60672,"date":"2025-11-07T00:04:05","date_gmt":"2025-11-07T03:04:05","guid":{"rendered":"https:\/\/agendadelsur.com\/?p=60672"},"modified":"2025-11-07T00:04:06","modified_gmt":"2025-11-07T03:04:06","slug":"cuando-el-estado-espia-a-quienes-se-organizan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agendadelsur.com\/index.php\/2025\/11\/07\/cuando-el-estado-espia-a-quienes-se-organizan\/","title":{"rendered":"Cuando el Estado esp\u00eda a quienes se organizan"},"content":{"rendered":"\n
El cierre de la causa por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan no es s\u00f3lo una decisi\u00f3n judicial injusta, adem\u00e1s convalida que el Estado vigile a quienes reclaman justicia.<\/h6>\n\n\n
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Por Paula Litvachky. La Corte Suprema cerr\u00f3 definitivamente la causa por espionaje ilegal contra las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan. La decisi\u00f3n pone fin a una investigaci\u00f3n que hab\u00eda llegado a demostrar, sin discusi\u00f3n posible, que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realiz\u00f3 tareas de vigilancia sobre madres, padres, esposas que reclamaban explicaciones al gobierno. Lo que qued\u00f3 habilitado, sin reproche judicial ni respuesta, es la idea misma de que el Estado puede espiar, hacer inteligencia ilegal, a v\u00edctimas que se organizan y protestan.<\/p>\n\n\n\n

En la delegaci\u00f3n de la AFI en Mar del Plata se encontraron informes de inteligencia con fotograf\u00edas, descripciones, nombres y hasta capturas de redes sociales de familiares que asist\u00edan a misas, se reun\u00edan en el Concejo Deliberante o intentaban entregar cartas al entonces presidente Mauricio Macri. Esos hechos no fueron negados en ninguna instancia judicial. Lo que se discuti\u00f3 fue si esos seguimientos constitu\u00edan un delito o si, por el contrario, pod\u00edan considerarse acciones justificadas como parte del operativo de \u201cseguridad presidencial\u201d. La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n, y ahora la Corte Suprema al rechazar los recursos, optaron por lo segundo.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta judicial convalida que el aparato de inteligencia estatal pueda intervenir, infiltrar, fotografiar y archivar informaci\u00f3n sobre personas que ejercen derechos constitucionales: reunirse, expresarse, peticionar. Lo hace bajo la excusa de una interpretaci\u00f3n absurda del concepto \u201cseguridad presidencial\u201d y estirando todo lo que se pueda la idea de seguridad nacional. Eso transforma cualquier reclamo dirigido al Poder Ejecutivo en una potencial amenaza. Esto es lo que termin\u00f3 escrito en el Plan de Inteligencia Nacional que se filtr\u00f3 hace unos meses y denunciamos.<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Inteligencia Nacional es clara. Proh\u00edbe expresamente \u201cobtener informaci\u00f3n, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su opini\u00f3n pol\u00edtica o de su pertenencia a organizaciones sociales o comunitarias\u201d. Esa prohibici\u00f3n fue el resultado de d\u00e9cadas de abusos y es una garant\u00eda democr\u00e1tica b\u00e1sica. Sin embargo, la interpretaci\u00f3n judicial en este caso deja un antecedente peligroso. All\u00ed donde la Constituci\u00f3n exige una lectura restrictiva -porque la inteligencia estatal afecta la privacidad y entra\u00f1a siempre el riesgo de la arbitrariedad-, el Poder Judicial opt\u00f3 por una lectura extensiva, complaciente con la vigilancia del Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

El razonamiento de los tribunales es tan grave como su efecto. Equipara la protesta con el riesgo, la organizaci\u00f3n con la amenaza, la demanda de verdad con un problema de seguridad. De ese modo, reescribe el sentido de derechos b\u00e1sicos que sustentan cualquier democracia: la libertad de expresi\u00f3n, de asociaci\u00f3n, de reuni\u00f3n. Si protestar frente a un presidente puede justificar el espionaje estatal, entonces el derecho a la protesta deja de existir en los hechos.<\/p>\n\n\n\n

Pero el problema pol\u00edtico y jur\u00eddico de esta decisi\u00f3n no se agota en el pasado. Esta convalidaci\u00f3n judicial ocurre en un presente en que las capacidades de vigilancia del Estado se expanden, todo queda asociado a alguna forma de terrorismo, se incrementan los fondos reservados de la SIDE, mientras se debilitan los mecanismos de control.<\/p>\n\n\n\n

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Sumate<\/p>\n\n\n\n

En este caso no hubo riesgo real para la seguridad nacional ni amenaza a la integridad del presidente. Lo que hubo fue una decisi\u00f3n pol\u00edtica: conocer y anticipar los reclamos para evitar el contacto con los familiares de las v\u00edctimas. Lo que el Poder Judicial llama \u201cseguridad presidencial\u201d fue, en los hechos, la seguridad del gobierno frente al conflicto.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: \/\/cenital.com\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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