{"id":62063,"date":"2026-02-09T17:16:46","date_gmt":"2026-02-09T20:16:46","guid":{"rendered":"https:\/\/agendadelsur.com\/?p=62063"},"modified":"2026-02-09T17:16:47","modified_gmt":"2026-02-09T20:16:47","slug":"mas-de-3-000-personas-desalojadas-en-la-ciudad-de-buenos-aires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agendadelsur.com\/index.php\/2026\/02\/09\/mas-de-3-000-personas-desalojadas-en-la-ciudad-de-buenos-aires\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de 3.000 personas desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires"},"content":{"rendered":"\n
El modelo urbano de Jorge Macri que expulsa familias y profundiza la desigualdad. Desalojos, derrumbes y abandono: la pol\u00edtica habitacional del macrismo porte\u00f1o en sinton\u00eda con el ajuste de Milei. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei promueve un Estado ausente y celebra el retiro de lo p\u00fablico como dogma, la Ciudad de Buenos Aires profundiza una pol\u00edtica de desalojos, derrumbes y expulsi\u00f3n social que deja a miles de personas sin techo, sin respuestas y sin derechos efectivos.<\/h6>\n\n\n
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\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Por Osvaldo Peralta. La demolici\u00f3n de una vivienda en el barrio de La Boca y el desalojo de siete familias no es un hecho aislado: es la expresi\u00f3n concreta de un modelo urbano que prioriza el negocio inmobiliario y la l\u00f3gica del mercado por encima del derecho constitucional a la vivienda.<\/p>\n\n\n\n

La escena ocurri\u00f3 en Carlos F. Melo 586, en La Boca, pero podr\u00eda haber sucedido en cualquier otro rinc\u00f3n de la Ciudad de Buenos Aires. Un operativo temprano, polic\u00edas, funcionarios, una empresa privada de demolici\u00f3n y una orden administrativa bastaron para que una vivienda fuera derrumbada y siete familias quedaran, de un d\u00eda para el otro, sin hogar. La excusa formal fue el \u201cpeligro de derrumbe\u201d, una figura cada vez m\u00e1s utilizada por el gobierno porte\u00f1o para avanzar en desalojos sin ofrecer soluciones habitacionales reales. El resultado fue inmediato y brutal: cinco familias contin\u00faan sin techo y apenas dos fueron enviadas a un hotel del conurbano bonaerense, lejos de su barrio, de sus redes sociales y de su vida cotidiana.<\/p>\n\n\n\n

Lo ocurrido en Melo 586 no puede leerse como un episodio aislado ni como una respuesta t\u00e9cnica a un problema edilicio. Se inscribe en una pol\u00edtica sistem\u00e1tica que, bajo la gesti\u00f3n de Jorge Macri, ya expuls\u00f3 a m\u00e1s de 3.000 personas de sus viviendas desde diciembre de 2023. Entre ellas, 1.060 son ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Los datos no provienen de organizaciones militantes ni de denuncias abstractas: surgen de informaci\u00f3n oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Son cifras que desnudan una pol\u00edtica de Estado que tiene consecuencias humanas profundas y duraderas.<\/p>\n\n\n\n

En La Boca, las familias afectadas y las organizaciones del barrio sostienen que el conventillo lindero, ubicado en Melo 580, no presenta riesgo de derrumbe y que existen alternativas de refacci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n que permitir\u00edan preservar las viviendas y garantizar la seguridad sin expulsar a nadie. De hecho, plantearon formalmente la presentaci\u00f3n de un plan de obra, el procedimiento administrativo previsto para estos casos. Sin embargo, la respuesta del gobierno porte\u00f1o fue categ\u00f3rica: la clausura no se levanta. La decisi\u00f3n pol\u00edtica parece estar tomada de antemano y no admite matices t\u00e9cnicos ni instancias de di\u00e1logo reales.<\/p>\n\n\n\n

La desconfianza de los vecinos no es infundada. La Boca es una zona hist\u00f3ricamente postergada pero estrat\u00e9gicamente codiciada por el desarrollo tur\u00edstico e inmobiliario. En ese contexto, los desalojos por \u201cpeligro de derrumbe\u201d funcionan como una herramienta eficaz para vaciar propiedades, desplazar poblaci\u00f3n vulnerable y liberar suelo urbano para futuros negocios. La pol\u00edtica habitacional se convierte as\u00ed en una pol\u00edtica de expulsi\u00f3n, donde el Estado act\u00faa como garante de los intereses del mercado inmobiliario.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Melo 586 expone adem\u00e1s una dimensi\u00f3n simb\u00f3lica y humana que agrava a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n. Durante el operativo de demolici\u00f3n, los vecinos intentaron impedir que fuera destruido el santuario de \u201cPitu\u201d y \u201cPola\u201d, dos hermanos que murieron en un incendio ocurrido en ese mismo lugar en 2013. El forcejeo con la polic\u00eda para proteger un altar habla de algo m\u00e1s profundo que una disputa edilicia: revela el desprecio institucional por la memoria, el arraigo y la historia de quienes habitan esos espacios.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, la respuesta habitacional del Gobierno de la Ciudad se reduce a subsidios insuficientes y soluciones transitorias que no resuelven el problema de fondo. El monto que se ofrece a las familias desalojadas no cubre ni el 25% del valor de un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto donde un departamento de dos ambientes supera ampliamente los 600.000 pesos mensuales, recibir entre 159.000 y 227.000 pesos no es una ayuda, es una ficci\u00f3n administrativa que permite al Estado deslindar responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n se vuelve a\u00fan m\u00e1s grave cuando se analizan las cifras globales. Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, detr\u00e1s de la \u201crecuperaci\u00f3n\u201d de 551 inmuebles se desalojaron 826 familias, integradas por al menos 2.725 personas. Sin embargo, al desglosar los datos por edades, la propia administraci\u00f3n porte\u00f1a reconoce que el n\u00famero asciende a 3.228 personas. La contradicci\u00f3n num\u00e9rica no es menor: refleja desorden, falta de seguimiento y una preocupante ausencia de registros sistematizados sobre el destino de quienes son expulsados de sus hogares.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno de la Ciudad admite, adem\u00e1s, que no dispone de informaci\u00f3n sobre cu\u00e1ntas de las personas desalojadas tienen discapacidad, ni sabe con precisi\u00f3n d\u00f3nde viven hoy esas familias, si lograron alquilar, si permanecen en la Ciudad o si terminaron durmiendo en paradores o en la calle. La pol\u00edtica p\u00fablica se ejecuta sin diagn\u00f3stico integral y sin evaluaci\u00f3n posterior. Se desaloja primero y se pregunta despu\u00e9s, si es que alguien pregunta.<\/p>\n\n\n\n

Esta l\u00f3gica se profundiza en el marco de la feria judicial, cuando los desalojos ordenados por la Justicia se ralentizan y el Ejecutivo porte\u00f1o avanza con clausuras administrativas por supuestos riesgos estructurales. Organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda advierten que estos procedimientos son sumamente irregulares, ya que se realizan sin informes t\u00e9cnicos independientes y sin permitir que las familias presenten peritos de parte. El \u201cpeligro de derrumbe\u201d se convierte as\u00ed en una herramienta discrecional, funcional a una pol\u00edtica de expulsi\u00f3n acelerada.<\/p>\n\n\n\n

El discurso oficial intenta presentar estos desalojos como una defensa de la propiedad privada y del orden urbano. Sin embargo, detr\u00e1s de cada operativo hay historias de vida atravesadas por la precariedad, la falta de acceso a cr\u00e9ditos, la ausencia de pol\u00edticas de vivienda social y el encarecimiento brutal del alquiler. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: \u00bfqui\u00e9n est\u00e1 realmente dispuesto a defender la vivienda como un derecho y no como una mercanc\u00eda?<\/p>\n\n\n\n

En este punto, la sinton\u00eda con el gobierno nacional de Javier Milei es evidente. Mientras desde la Casa Rosada se promueve un ajuste salvaje, se desfinancian pol\u00edticas sociales y se demoniza la intervenci\u00f3n estatal, en la Ciudad de Buenos Aires se aplica un modelo que reduce el derecho a la vivienda a una cuesti\u00f3n individual, desligando al Estado de su obligaci\u00f3n constitucional. El resultado es una ciudad cada vez m\u00e1s elitista, m\u00e1s excluyente y menos habitable para quienes no son propietarios ni rentistas.<\/p>\n\n\n\n

La demolici\u00f3n en La Boca y los m\u00e1s de 3.000 desalojos no son errores de gesti\u00f3n ni excesos puntuales. Son la consecuencia directa de una concepci\u00f3n ideol\u00f3gica que entiende la ciudad como un espacio de negocios y no como un territorio de derechos. En ese esquema, las familias pobres sobran, los ni\u00f1os desalojados no cuentan y la emergencia habitacional se administra con planillas de Excel y discursos de marketing pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

Frente a este panorama, la falta de respuestas concretas, de planes de obra, de reubicaciones dignas y de pol\u00edticas integrales de vivienda no es una falla t\u00e9cnica: es una decisi\u00f3n pol\u00edtica. Y como toda decisi\u00f3n pol\u00edtica, tiene responsables claros y consecuencias que ya no se pueden ocultar detr\u00e1s de eufemismos administrativos ni de relatos de eficiencia.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: En Orsai \/ https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/ta_article\/caba-vivienda-desalojo-7-familias\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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