El conflicto en la Reserva de Biosfera Laguna Blanca de Catamarca, gira en torno a la actividad minera y la defensa del territorio por parte de las comunidades indígenas diaguitas. Comunidades originarias, como la de Peñas Negras y Laguna Blanca, denuncian que empresas mineras realizan tareas de exploración y avance sin la debida consulta previa, libre e informada que exigen las leyes nacionales e internacionales. La zona posee doble estatus de protección (Reserva de Biosfera por la UNESCO y Sitio Ramsar por sus humedales de altura), lo que genera un choque directo entre los planes de desarrollo minero del gobierno provincial y la preservación del agua y los ecosistemas. Pobladores locales y asambleas denuncian persecución institucional y presencia policial para facilitar el ingreso de vehículos mineros, mientras las familias locales reclaman la soberanía sobre sus recursos ancestrales y el cuidado de la vicuña
Compromiso Ambiental Cafayate, la Organización para la conservación del medioambiente local, fijó su posición.
“Fiebre de Oro en La Puna”: La Policía Provincial Avanza a Rostro Tapado sobre el Sangriento Límite Diaguita en Peñas Negras
Balas de goma contra un Consejo de Ancianos, un cacique cazado a la madrugada por la policía y corporaciones extranjeras que operan a espaldas de la Constitución Nacional. En las altas cumbres de Catamarca, la Reserva de Biosfera Laguna Blanca se tiñe de conflicto: mientras el gobierno provincial remata los cerros a cambio de regalías y la firma Elevado Gold S.A. denuncia “ataques con hondas”, treinta familias resisten a más de 3.500 metros de altura en defensa del agua que sostiene su vida ancestral. Una crónica cruda sobre un territorio que no se vende porque, simplemente, es su casa.
El silencio ensordecedor de la Puna catamarqueña volvió a romperse bajo el rugido de motores de tracción integral y el estruendo de los cartuchos de la policía provincial. En el extremo norte del departamento de Belén, en un rincón geográfico donde el mapa turístico se disuelve a 200 kilómetros de la localidad más cercana, la Comunidad Indígena de Peñas Negras se encuentra en estado de guerra territorial latente.
No es una exageración periodística; es el pulso diario de una comunidad diaguita que ha declarado la asamblea permanente ante lo que catalogan como un avance ilegal y clandestino sobre sus pastoreos originarios. El objetivo en disputa es el Cerro Alto de Salle, un gigante de roca que la empresa Elevado Gold S.A. (y la operadora Amalaya S.A.) pretende perforar bajo el nombre de proyecto aurífero y cuprífero Alto El Mulato.
La Raíz Ancestral: El Derecho Originario frente al Engaño Penal Para las treinta familias que habitan Peñas Negras, el suelo que pisan no es un impedimento contable ni un conjunto de coordenadas vacías listas para el cateo minero. “Nuestro territorio es lugar de pastoreo ancestral, de aguadas, de sitios sagrados y de vida comunitaria. No es un desierto, es nuestra casa”, repiten con la firmeza de quien defiende su propia existencia. Su escudo legal es claro: el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, complementado por el Convenio 169 de la OIT. Ambas normativas exigen al Estado la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) antes de autorizar cualquier movimiento extractivo. La comunidad denuncia que esta consulta jamás existió.
La memoria social de la zona está marcada a fuego por la violencia institucional. Los comuneros recuerdan con indignación la brutal represión policial de abril de 2024, cuando la Infantería provincial ingresó al territorio disparando balas de goma y destruyendo corrales comunitarios con el único fin de escoltar los vehículos de la minera. En aquel episodio, Félix Escalante, un miembro del Consejo de Ancianos de más de 80 años, terminó ensangrentado por los impactos de los proyectiles. La herida social se profundizó semanas después, cuando el cacique de la comunidad, Sebastián Gutiérrez, fue sacado de su casa a las apuradas en horas de la madrugada en un operativo exprés, tras una denuncia penal por “amenazas” efectuada por la propia minera. Las abogadas defensoras de la comunidad denuncian una alarmante asimetría judicial: mientras la fiscalía criminaliza velozmente a las autoridades indígenas, archiva o ignora las denuncias previas de la comunidad por usurpación e intrusión territorial sin consulta.
El Alerta Ambiental: La Sed de Oro en la Reserva de Biosfera Desde la perspectiva ecológica, el conflicto adquiere dimensiones críticas. Las zonas de exploración minera se ubican dentro de los márgenes de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, un ecosistema de alta montaña caracterizado por su extrema fragilidad hídrica. El agua en la Puna es un recurso escaso y vital; cualquier alteración en las cuencas superiores puede desatar catástrofes aguas abajo. “Nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte de ella. Si rompen el cerro arriba, nos secan el agua abajo”, sentenció el cacique Gutiérrez, resumiendo el balance hídrico de la región.
Asambleas socioambientales denuncian que el Ministerio de Minería de Catamarca opera violando flagrantemente la Ley General del Ambiente, ignorando el principio de prevención y el de precaución. La provincia ha otorgado prórrogas y permisos evaluando informes de impacto ambiental de forma totalmente aislada y fragmentada. Con esta maniobra, el gobierno desoye el histórico fallo “Guitián” de la Corte de Justicia catamarqueña, el cual dictamina taxativamente que no se pueden autorizar proyectos mineros en la región sin antes realizar estudios de impacto integrales, acumulativos y sistémicos sobre las cuencas de agua compartidas. Para la comunidad, perforar el cerro sin estos estudios equivale a firmar el acta de defunción de su ganadería de subsistencia.
Tres Posturas, Un Territorio Irreconciliable El Pueblo Diaguita (Peñas Negras): Resistencia absoluta. Sostienen que no hay licencia social ni legal para que Elevado Gold S.A. opere en sus tierras ancestrales. Exigen la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Minería, el cese del hostigamiento policial y el retiro inmediato y definitivo de toda la maquinaria pesada del perímetro comunitario. Su postura es innegociable: defenderán los cerros con sus propios cuerpos si es necesario.
La Empresa (Elevado Gold S.A.): Legitimidad comercial. La corporación minera afirma contar con los derechos, permisos administrativos y prórrogas vigentes emitidas de manera oficial por la Dirección de Minería provincial. Aseguran que sus actividades generan puestos de empleo genuino para los parajes vecinos (como Aguas Calientes) y denuncian que sus operarios han sufrido ataques violentos con piedras y hondas por parte de un “sector radicalizado” de Peñas Negras, lo que atenta contra su derecho a trabajar y desarrollar el potencial minero del área.
La Provincia (Gobierno de Catamarca): Alianza extractivista. Bajo la administración del gobernador Raúl Jalil, el Estado provincial ha asumido una postura netamente desarrollista, donde la minería es considerada el motor económico indiscutible de la región. El gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad pública como una guardia privada para escoltar a la minera y garantizar sus operaciones. Mientras en la Legislatura provincial se avanza a paso firme con la transformación de la empresa estatal CAMYEN en una Sociedad Anónima Unipersonal para agilizar los negocios mineros, el Ejecutivo esquiva sistemáticamente la conformación de mesas de diálogo que incluyan un protocolo real de Consulta Previa con las autoridades tradicionales de la Puna.
La Montaña en Asamblea Permanente El conflicto en Peñas Negras no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un modelo de expoliación territorial que se replica en el norte argentino. En una Puna interconectada por vegas y lazos comunitarios, Peñas Negras ya ha convocado formalmente a los pueblos hermanos de Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes y Antofalla para resistir en bloque.
Mientras las camionetas mineras insisten en avanzar y las fuerzas policiales mantienen cubiertos sus rostros tras los escudos, las familias diaguitas continúan apostadas en los cerros. Saben que lo que se juega en los próximos meses en el Alto El Mulato no es el porcentaje de una regalía minera, sino la supervivencia misma de su memoria, su agua y su legado ancestral.
