El ministro de Defensa, general Carlos Presti, está en la mira al trascender que había un sistema de “liquidaciones” y “honorarios” truchos por el que militares y familiares se llevaron fortunas, al menos hasta enero de este año. ¿El ministro y su antecesor Luis Petri no sabían nada o sabían y miraron para el costado? Cualquiera de las dos alternativas los comprometen. Una supuesta investigación interna de la Armada Argentina destapó una olla de corrupción que terminó en una denuncia ante el Poder Judicial federal. El escándalo gira en torno a la manipulación del sistema de pagos de sueldos de esa fuerza armada, lo que permitió que se hicieran al menos 645 transferencias indebidas a más de veinte personas por un total de $ 981.148.567,88. Y compromete directamente al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.
La maniobra, según dijeron fuentes de las Fuerzas Armadas a algunos medios, consistía en modificar los archivos de haberes antes de enviarlos al Banco Nación y, una vez hecha la transferencia, devolver los registros a sus valores originales para que no saltara la ficha. Según los datos ya judicializados, entre julio de 2022 y enero de 2026 se identificaron 645 pagos irregulares a 23 personas. Cuatro de ellas, que ni siquiera tienen vínculo formal con la Armada, se quedaron con más de $ 434 millones, es decir el 44 % del total de esos fondos desviados.
Según trascendió, entre julio de 2022 y enero de 2026 se estima que el daño económico podría ser incluso mayor, llegando a los $ 1.500 millones según algunas fuentes cercanas a la causa. Otras proyecciones lo sitúan cerca de los $ 1.600 millones.
La denuncia penal fue presentada por el capitán de Navío Carlos Alberto Castro Maggio, responsable de la Administración Financiera de la Armada. La causa quedó en manos del Juzgado Federal 2 de Comodoro Py, manejado por el juez Sebastián Ramos. Ahora el Poder Judicial debería investigar cómo funcionaba esa red y quiénes son todos los responsables detrás de este nuevo capítulo de corrupción en las fuerzas armadas.
Liquidados
El escándalo salió a la luz en febrero cuando, al revisar los sueldos de enero, una contadora de tercera línea que, además, no es de carrera militar, detectó que cinco empleados del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales que no les correspondían. Dicen que los implicados ya devolvieron el dinero, pero el hallazgo provocó un tembladeral en la Marina, cuyas autoridades abrieron una “investigación interna” para no quedar pegadas.
Hasta el momento se habrían detectado inconsistencias entre las liquidaciones de sueldos, los recibos que recibían los empleados y los archivos que se mandaban al Banco Nación. Había pagos que no estaban en las liquidaciones, montos que aparecían en los archivos bancarios pero no en los recibos, duplicaciones y hasta transferencias a personas que no tenían ningún vínculo claro con la Armada.
Esas alteraciones se hacían en un punto clave del proceso de pagos: justo después de los controles habituales sobre la liquidación de haberes y antes de que los archivos fueran enviados de manera definitiva al Banco Nación. Es decir que había un plan y varias personas participaban de él.
Se habrían manipulado registros para inflar los montos a cobrar o incluso sumar pagos que no tenían ningún respaldo en una liquidación real. Una vez que se armaban los archivos que iban al banco, los datos se volvían a dejar como estaban originalmente. Así, la plata que se depositaba podía no coincidir con lo que después figuraba en el recibo que se veía en el sistema Haberes-Web.
Una “comisión de especialistas” en temas contables y sistemas de datos analizó lo sucedido al menos desde mediados de 2022, es decir durante la gestión del Frente de Todos y el ministro de Defensa Jorge Taiana. El análisis permitió detectar una repetición de operaciones, la aparición de beneficiarios que se repetían y los cambios hechos después de los controles.
En la denuncia se afirma que cuatro de las 23 personas que figuran como beneficiarias de ese robo no tenían ningún tipo de relación laboral ni tareas asignadas en la Armada. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Prieto fue quien más cobró: recibió 46 transferencias en casi cuatro años por un total de $ 152.259.495,86. ¿Y quién es ella? Nada menos que la esposa del capitán de Navío y contador Ariel Baltasar Atanasoff, el ahora exjefe del Departamento Revista y principal apuntado en la investigación administrativa.
Según fuentes de la Armada, Atanasoff admitió ante sus superiores que estaba al tanto de los depósitos hechos a su esposa y otras tres personas que no pertenecían a la fuerza. Él mismo habría confesado que el objetivo era “beneficiar económicamente a esas personas” y que era él quien tomaba las decisiones.
La “investigación interna” habría sacado a la luz otras irregularidades. Una de ellas apunta al capitán de Corbeta y contador Roberto Eduardo Castro, quien, según se detectó, en ciertos períodos habría cobrado su sueldo en Argentina mientras también recibía los haberes correspondientes a una misión en el extranjero. También en el expediente que se tramita en Comodoro Py aparece mencionada su esposa Luana Magalí Piedigrossi.
Dicen que una parte de la plata robada en estos años “ya fue devuelta” en abril por cuatro capitanes de Corbeta que son contadores. Ellos habían cobrado sobresueldos en enero. Y otros tres oficiales habrían devuelto otro porcentaje la semana pasada. Las fuentes afirman que, al momento de radicarse la denuncia penal, ya se habían recuperado poco más de $ 42 millones y medio. Un vuelto.
Hasta agosto, Atanasoff fue jefe del Departamento Revista de la Armada. Pero dejó de serlo cuando una “revisión” de la investigación interna habría detectado que su esposa era una de las beneficiarias del robo. Las autoridades del Ministerio decidieron entonces apartarlo del cargo de manera “preventiva”.
Fuentes de Defensa ahora dicen que las irregularidades salieron a la luz “gracias a una investigación administrativa interna” y que, una vez confirmadas, se hizo la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial de Comodoro Py. Buscando que el escándalo no salpique a las figuras políticas del área, desde la cartera castrense dijeron que “el manejo transparente de los fondos públicos es una obligación innegociable” y que “no hay margen para tolerar ningún tipo de irregularidad”.
Pero una pregunta se impone: hasta antes de que estallara el escándalo, ¿cuánto sabían de ese sistema de corrupción los exministros Taiana y Petri y el actual ministro Presti? Hoy quien pasa a estar en la mira es el funcionario de Javier Milei, actual responsable de controlar los movimientos financieros de las tres Fuerzas Armadas. Pero el sistema tenía años de funcionamiento.
Fuente: La Izquierda Diario