Grave escalada contra la prensa. Las expresiones violentas del presidente profundizan el hostigamiento a la prensa, ponen en riesgo a quienes informan y deterioran las garantías del debate democrático. Amnistía Internacional denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
La organización advierte con profunda preocupación sobre la escalada de hostilidad hacia la prensa y llevará estos hechos a instancias internacionales, en el marco de su trabajo de seguimiento y denuncia del deterioro de la libertad de expresión en Argentina. Durante su discurso en la Fundación Faro, el presidente señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó por su trabajo periodístico, tildándolos de “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”. Luego, en el mismo discurso, sostuvo que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, una expresión que evoca una violencia extrema. Estas expresiones constituyen una grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa: no se limita a cuestionar una cobertura periodística, sino que individualiza y estigmatiza a periodistas.
“Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones. Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad. El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La situación de la libertad de expresión en Argentina
Los ataques recientes se inscriben en un contexto de deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina. Según el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio del registro en 2008. El presidente Javier Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, lo que lo ubicó como el principal agresor individual. El relevamiento contabilizó, además, 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.
El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó, junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Allí se denunció el incremento de las agresiones, la violencia en línea, el acoso judicial y los ataques durante la cobertura de protestas, en un contexto expansión de prácticas autoritarias. La Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas de prevención y protección y manifestó su interés en realizar una visita al país.
Las obligaciones del Estado son claras: las autoridades deben prevenir la violencia contra periodistas, evitar discursos que aumenten sus riesgos y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo, incluso cuando la información difundida resulte crítica o inconveniente para el gobierno. Las expresiones presidenciales avanzan en sentido contrario a esos deberes.
La reiteración de estas prácticas puede generar un efecto de silenciamiento que trasciende a las personas directamente atacadas: desalienta investigaciones, favorece la autocensura y empobrece la circulación de información de interés público. Investigar las actuaciones de quienes gobiernan es una función esencial del periodismo y una garantía para el control democrático del poder.
Amnistía Internacional expresa su solidaridad con los periodistas señalados y reclama al presidente y a los demás funcionarios públicos que cesen los mensajes intimidatorios y estigmatizantes, reconozcan el valor del periodismo y garanticen condiciones para su ejercicio libre y seguro.
La libertad de prensa requiere un compromiso claro de todas las autoridades con la protección de quienes informan y con el derecho de la ciudadanía a conocer y cuestionar las decisiones del poder.
Fuente: amnistia.org.ar/
