El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno de Mauricio Macri entregó de manera clandestina “material bélico” para consolidar el gobierno golpista  de Jeanine Áñez”.

La información difundida a la prensa por el canciller de Bolivia, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas “masacres de Sacaba y Senkata”

“Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de Macri en Argentina aportó con material para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno de facto de Añez”, dijo el canciller boliviano, Rogelio Mayta.

Las masacres de Sacaba y Senkata

Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenara la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.
Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 “cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves”.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos”.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.

En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.