La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles las penas dictadas a dos exdirectivos de la empresa Ford y a un comandante de Institutos Militares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de esa empresa durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
La Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmó luego de casi tres años las condenas contra dos exdirectivos de la planta de Ford ubicada en la localidad de Pacheco. Allí a poco del comienzo de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en marzo de 1976 se montó un centro clandestino de detención y tortura, en el que fueron víctimas 24 trabajadores de ese establecimiento. Las condenas dan a Pedro Müller diez años de prisión y a Francisco Jesús Sibilla doce años. Junto con ellos fue juzgado también el comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de quince años.
Como denuncian sobrevivientes y familiares desde hace décadas, Ford fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores -entre fines de marzo y abril de 1976-, muchos de ellos secuestrados de sus puestos de trabajo por el Ejército y llevados en un principio al centro clandestino que la empresa tenía dentro de sus instalaciones en General Pacheco: “El Quincho”. Ford aportó no sólo sus instalaciones, sino también económicamente, además que señaló a los obreros que finalmente fueron víctimas del genocidio de clases. Además, Ford contó con el aval de la conducción del gremio Smata, cuyo secretario general José Rodríguez reconoció haber entregado la lista con los delegados al Ejército.
En diciembre de 2018, en una sentencia histórica producto de la lucha y organización de sobrevivientes, extrabajadores, familiares y organizaciones de DD.HH, fueron condenados: Santiago Omar Riveros, que en ese momento tenía de 94 años y durante la dictadura fue director de Institutos Militares, y de él dependía la guarnición Campo de Mayo. También fueron condenados los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller de 85 años al momento de la sentencia, exgerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla de 90 años, jefe de Seguridad de la planta.
La lucha por llegar al juicio y castigo llevó décadas y todos los gobiernos constitucionales desde 1983 supieron mantener la impunidad para estos empresarios y los directivos de Smata. En mayo de 2013 la jueza Alicia Vence procesó a tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados y como consta en el auto de elevación a juicio, por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el Quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.
En el mismo escrito de elevación a juicio, la jueza Vence dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros. Y agrega que “la automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”.
La causa Ford es un emblema para todo el movimiento obrero. Años de lucha de sobrevivientes, familiares, extrabajadores de esta y otras automotrices como Mercedes Benz y organizaciones sociales y de derechos humanos, lograron llevar al banquillo de los acusados a dos gerentes de la multinacional, que fueron condenados en 2018 por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo no pueden dejar de señalarse las maniobras y dilaciones en la causa que llevaron a que las condenas queden firmes luego de más de 45 años de transcurridos los hechos, y la confirmación de la condena luego de tres años de haber sido cajoneada. Esto llevó a que varios genocidas murieran en sus casas sin haber pisado nunca una cárcel común. Las demoras de décadas en juzgar y condenar genocidas y la impunidad biológica no son casualidad. El Estado desde 1983 y hasta la actualidad, salvo en algunos casos parciales y digitados, decidió mantener bien guardados los archivos de la represión genocida.
Claro que Ford y el sindicato de los mecánicos no fueron los únicos que participaron del golpe genocida. Sólo por dar algunos ejemplos, son muy conocidos los casos de Mercedes Benz, Siderca, Ledesma, La Veloz del Norte, La Nueva Provincia y tantas otras, con los burócratas sindicales como colaboradores incondicionales. En la mayoría de estos casos los responsables gozan aún de impunidad.
Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y querellante en diversos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, saludó a través Twitter la confirmación de las condenas a los exdirectivos. Lo mismo hizo el dirigente del PTS y docente universitario, Christian Castillo.
Secuestros y torturas a 24 trabajadores de Ford: confirmaron las condenas contra dos exdirectivos de la empresa. Seguiremos luchando por el juicio y castigo de la responsabilidad empresarial en el genocidio.
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Siendo diputado en la PBA presenté en común con los trabajadores ex detenidos desaparecidos de la Ford para que “El Quincho”, el CCD que funcionaba en la fábrica, sea expropiado y declarado Sitio de la Memoria. Se aprobó en diputados y no se trató en el senado. Tarea pendiente,
Fuente: La Izquierda Diario/ Foto tapa Cels