Lo anunció esta tarde la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa que brindó desde la Casa Rosada y en la que remarcó que la iniciativa busca dar “cumplimiento con lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de trabajar y tratar la cuestión del funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura”.

Además, indicó que el texto se elaboró “luego de haber escuchado las voces y sugerencias del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público”.

El texto, que deberá discutir el Congreso e ingresará por el Senado, propone que el Consejo de la Magistratura pase de tener 13 miembros a 17, sumando un juez, dos abogados y un representante del sector académico o científico.

Cerruti destacó que de “todos los nuevos integrantes que se suman ninguno pertenece al estamento político”, y sostuvo que eso “permitirá una representación más equilibrada que permitirá avanzar en unos de los objetivos centrales del gobierno que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura”.

La reforma propuesta también incorpora “la cuestión de género y de equidad de género: al menos dos de los jueces y tres de los representantes del Poder Legislativo deben ser mujeres, y al menos dos de los representantes de los y las abogadas deben ser mujeres, y en el caso de los académicos y científicos al menos una debe ser mujer”, detalló la Portavoz.

También remarcó que “en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las dos funciones centrales del Consejo, que son la presentación de terna o remoción de jueces, no se propone ninguna modificación”.

“Buscamos lograr el mejor equilibrio y que la sociedad esté representada de la mejor manera posible, y nos parece que este proyecto mejora el funcionamiento hasta el momento”, afirmó Cerruti.

El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.