Esta vía navegable troncal llamada ”Hidrovía” es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida de distintos tipos de embarcaciones de carga y que conecta hacia el norte con el rio Paraguay y al sur con el océano Atlántico. Por este cauce comprendido por los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata, sale aproximadamente del 80% de la exportación nacional. Uno de los problemas cruciales que afecta nuestra soberanía es la falta de control con “balanzas” de la salida de nuestros recursos, que está en manos de las propias empresas exportadoras que declaran lo que quieren.
En 1995, en el marco de las privatizaciones que tuvieron lugar en la década de los 90 en Argentina, el gobierno menemista otorgó la concesión del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. La concesión fue otorgada por 26 años y venció en agosto del 2021.
Desde setiembre del 2021 el Estado Nacional dispuso controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina (por decreto 427/2021) a través de la Administración General de Puertos (AGP) para realizar el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la vía fluvial.
Al mismo tiempo, se creó un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable del que participan además del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
En agosto de este año vencerá la medida transitoria de control y gestión del Estado sobre este corredor fluvial. Será crucial la decisión que se tome para que el Rio Paraná deje de ser una vía por donde se roban nuestras riquezas.
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