Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas marcharon este martes en calles de Jujuy contra la criminalización de la protesta, reclamaron el cierre de una causa por presunta asociación ilícita que involucra a varias agrupaciones populares y reiteraron las denuncias de infiltraciones de la policía en movilizaciones ya realizadas.
El dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que “no solo en Jujuy sino en todo el país hay un clima contra las organizaciones” y afirmó que “hay declaraciones de todos los dirigentes, de una punta a la otra del arco político para estigmatizarlas, para decir que allí es donde anida el delito”.
En ese sentido, expresó que “en Jujuy hay un régimen que (el gobernador Gerardo) Morales quiere extenderlo a todo el país, pese a que claramente en la Argentina hay un gravísimo problema social que no se pude tratar con represión sino con respuesta a las cuestiones sociales”.
El 6 de julio pasado el juez de Control Rodolfo Fernández, a pedido del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales por presunta asociación ilícita.
Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y elementos informáticos, entre otros objetos en el marco de la investigación judicial.
“Morales está violando la ley cuando dice que va a infiltrar a las organizaciones, pero además prohíbe la organización de los trabajadores porque cuando pisas la calle te hacen una infracción o una falta que puede terminar en un pago que nadie puede hacer o en la cárcel”, dijo Belliboni a Télam.
La convocatoria fue para reclamar por “el cese la persecución a los compañeros y que se cierren las causas”, porque “tienen un contenido político” y configura “una violación de derechos individuales y la Constitución Nacional”, dijeron los principales dirigentes. Fuente: Télam
