El requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal N°5. Los acusa por usurpación, daños, robo e interrupción de las comunicaciones por el ataque producido en la madrugada del 4 de julio de 2016 a las instalaciones administradas por la Cooperativa por Más Tiempo Limitada. Remarcó la afectación de los derechos al trabajo, la libertad de expresión y el derecho a la información que derivaron de esos hechos.
(AP Photo/Victor R. Caivano)

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal N°5, Franco Picardi, y el auxiliar fiscal Facundo Corado requirieron la elevación a juicio de la causa que tiene imputado al empresario Juan Mariano Martínez Rojas y a otras catorce personas por la usurpación de las instalaciones del diario Tiempo Argentino y radio América en la madrugada del 4 de julio de 2016 y de los daños provocados en el inmueble, del robo de bienes fundamentales para el funcionamiento de esos medios de comunicación y de la consecuente interrupción de su funcionamiento. Los representantes del MPF remarcaron que, más allá del encuadre penal de estos hechos, “el accionar de las personas imputadas provocó una grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, así como también, vulneró el derecho a la información de la sociedad a través de los mencionados medios de comunicación”.

La fiscalía acusó a Martínez Rojas por la autoría del plan criminal que abarcó aquellas conductas ilícitas. Señaló que el empresario contrató a otro acusado, Juan Carlos Blander, responsable de una empresa de seguridad privada, para que convocara a las restantes trece personas imputadas en la causa y que aquella madrugada actuaron como “patota”.

El MPF puso de relieve que los quince imputados -en realidad el grupo estaba compuesto por 17 personas, una de las cuales falleció y la otra, un cerrajero contratado, ajeno a los hechos, fue sobreseída- quienes alrededor de las 00.30 del 4 de julio de 2016 irrumpieron en el inmueble de Amenábar 23 de la ciudad de Buenos Aires y desalojaron violentamente a los tres integrantes de la cooperativa que en ese momento se encontraban trabajando en el lugar.

En este cuadro, Martínez Rojas y Blander fueron acusados como coautores y el resto de los imputados, en carácter de partícipes necesarios. Estos últimos son Gabriel Martín Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz Díaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar Díaz, Rodrigo Ezequiel Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ramírez, Omar Osvaldo Ontivero y Alejandro Agustín Marostica Spahn.

“El accionar de las personas imputadas provocó una grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, así como también, vulneró el derecho a la información de la sociedad a través de los mencionados medios de comunicación”.

Un ataque a la libertad de expresión

“Una vez que las personas imputadas franquearon el ingreso, recorrieron las instalaciones y, a medida que encontraron a los pocos trabajadores que se hallaban laborando un fin de semana y durante la noche, los obligaron a abandonar el edificio, para lo cual utilizaron amenazas y violencia física”, apuntaron los representantes del MPF.

Tras la ocupación del lugar, los imputados “provocaron graves daños en diversas instalaciones y en los sistemas informáticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefonía y, además, sustrajeron el disco rígido del servidor central y un switch para la conexión de internet, todo lo cual resultaba imprescindible para el funcionamiento del diario Tiempo Argentino y de la Radio América”, indicó la acusación. Otro de los daños producidos fue el corte de la línea digital que une los estudios centrales de la radio con la planta transmisora ubicada en Villa Soldati. La consola para transmitir había sido desatornillada, pero los atacantes no lograron retirarla.

La usurpación de las instalaciones del diario y la radio duró unas cinco horas. Según se detalla en la pieza acusatoria, los atacantes ingresaron de forma violenta y luego, ante el llamado de los trabajadores al servicio de emergencias 911, la policía no actuó con rapidez debido a que Martínez Rojas exhibió papeles con los que persuadió a los agentes -que fueron denunciados por su inacción- de que era el legítimo propietario del lugar. No obstante, relata la acusación en base a los testimonios y documentos recogidos, los y las periodistas de los medios atacados se movieron rápidamente para demostrar que las firmas Balkbrug S.A. -expropitaria del diario- y Desup S.A. -exlicenciataria de la radio-, ambas dependientes de Martínez Rojas, no tenían dominio sobre el lugar.

“Al momento de los hechos la redacción del diario Tiempo Argentino se encontraba administrada por la ‘Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada’. Ello, luego de que la empresa Balkbrug S.A. dejara de abonar tanto los sueldos de los empleados como los cánones locativos del inmueble, propiedad de la firma SFP S.A. Así, frente a la falta de pago de sueldos, los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Nación para que mediara en la situación, habiendo constituido la cooperativa el 19 de abril de 2016 para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y conservar los bienes, en tanto la empresa SFP S.A. inició un juicio de desalojo por la falta de pago de los alquileres”, describieron los representantes del MPF.

Los imputados “provocaron graves daños en diversas instalaciones y en los sistemas informáticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefonía y, además, sustrajeron el disco rígido del servidor central y un switch para la conexión de internet”.

La fiscalía recordó que Martínez Rojas ya había reclamado su presunto derecho sobre el lugar a través de presentaciones judiciales. “Su accionar fue un intento de resolver por la fuerza aquel conflicto que todavía no había sido resuelto por la justicia. A ello debe agregarse que Martínez Rojas, unos meses antes del hecho aquí atribuido, intentó tomar por la fuerza el establecimiento donde funcionan los medios en cuestión, conforme lo manifestara Javier Matías Borelli -presidente de la cooperativa de trabajadores damnificada en las actuaciones-, aunque en aquel momento la situación pudo ser solucionada”, puntualizó.

La acusación fiscal puso de relieve que el cerrajero que estuvo imputado en la causa y luego fue sobreseído contó que “fue contratado por Martínez Rojas a través de Spahn para que realizara la apertura de las puertas y el cambio de cerraduras, lo que demuestra a todas luces que, más allá de los destrozos producidos en las instalaciones, existía una intención de quedarse en el lugar”.

Al repasar los destrozos y robos producidos por la “patota” en el inmueble, la fiscalía destacó el testimonio del periodista y secretario de la cooperativa, Randy Paul Stagnaro, quien refirió que “fueron daños que apuntaron a impedir que sigamos trabajando; a impedir que saliera tanto el diario como la página web, porque los daños eran tanto en la red interna como con los vínculos al exterior, las señales de internet, los teléfonos. Sin eso una redacción no puede funcionar. Además, al sustraer un disco duro del servidor más importante que teníamos, era imposible que las computadoras pudieran actuar entre sí; eso imposibilita la salida del diario”.

En ese punto, la acusación fiscal se detuvo en la normativa constitucional y convencional, como en la doctrina, referidas a la libertad de expresión, violentada por el accionar de los atacantes. Entre otros aspectos, citó la opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que “existe una doble dimensión de la libertad de expresión: la individual y la social; la primera signada por asegurar al individuo la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás; la segunda, por el derecho de la sociedad a recibir informaciones e ideas”.

Fuente: Fiscales. Gob