La actuación, a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, se dio ante denuncias de padres y alumnos/as que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional.

La Secretaría presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para que se retire la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos con protestas estudiantiles, al considerar que las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos.

La actuación de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos se dio ante denuncias de padres y alumnos/as que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional y los hechos que son de público conocimiento. “Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías —además de verificar quién ingresa y sale de los colegios— sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información”, según consta en el texto presentado.

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones. Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, se advierte en el escrito.

Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional también se remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los/as estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías a sus domicilios particulares. En la nota, se señala a la fiscal que “el más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados”.

Asimismo, subraya la SDH que “respecto a la conducta desplegada por los/as estudiantes, las mismas tampoco resultan punibles por ser éstos/as menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (cfr. Art. 11 del Código Contravencional)”.

“Por ende, nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico, que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios”, concluye la nota de la SDH que solicita a la fiscal que informe si efectivamente se abrió la causa a los padres, y de ser así, qué conducta puntual se les imputa.

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos asistimos e incentivamos constantemente a las y los jóvenes de los colegios secundarios a que se organicen en función de la ley nacional de centros de estudiantes. Evidentemente, así como nosotros queremos pibes y pibas organizados para exigir por sus derechos, el Gobierno de la Ciudad busca estudiantes sumisos que no se organicen y no reclamen por una educación mejor”, expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.