La decisión se enmarca en el decreto 84/2023 emitido el pasado 23 de diciembre, el cual estableció que todos los empleados con contratos vigentes a finales del año pasado solo renovarían su situación por tres meses, sujetos a un riguroso “relevamiento exhaustivo” para evaluar la continuidad de sus contrataciones.
El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un proceso de revisión y posible no renovación de contratos en el sector público, lo que ha generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores sindicales y políticos.
Según informes, miles de empleados públicos que se encuentran bajo la modalidad de contrato están viendo cómo sus convenios llegan a su fin y, por decisión de la gestión gubernamental, están siendo desvinculados del Estado. Aunque aún no se ha proporcionado una cifra exacta, se estima que “entre el 15 y el 20% de los contratos” no serán renovados al finalizar el mes, de acuerdo con fuentes calificadas consultadas por LA NACION.
Cabe señalar que los sindicatos calculan que alrededor de 71.000 empleados de la administración central del Gobierno, de los cuales 65.000 pertenecen a la planta transitoria y 6.000 están bajo la modalidad de contrato por asistencia técnica profesional, están llegando al final de sus contratos y deben ser objeto de renovación para poder seguir desempeñándose en sus funciones.
Fuente: Políticaargentina.com
