Dirigentes de partidos de izquierda y referentes sociales tienen pedidos de procesamiento -y alguno ya condenado- por partes de integrantes del fuero judicial.
El juez federal Sebastián Casanello envía a juicio oral al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 referentes sociales. El expediente, que gira en torno al plan Potenciar Trabajo, y busca disciplinar a las organizaciones que más activamente enfrentan el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei.
También -por sus declaraciones contra el Estado de Israel en relación con el genocidio en Gaza- días atrás, el juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada nacional de izquierda Vanina Biasi (FITU-PO); y a principios de este año, el líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.
Mientras Milei recorta partidas para comedores, elimina políticas públicas y le entrega el país al FMI, la Justicia parece tener otro objetivo: neutralizar la protesta social. No hay juicios para quienes fugaron fortunas, ni para los CEOs que se enriquecen con el hambre ajeno. Pero sí hay lugar para perseguir a quienes organizan la bronca en los barrios. Estos ataques forman parte del eslabón en esa cadena de criminalización.
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