Represión, negacionismo y despojo. Mientras atacan con gas pimienta al diputado coya Alejandro Vilca, el gobierno reivindica la Campaña del Desierto, criminaliza a comunidades mapuches, y desmantela la protección legal de los pueblos originarios.
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Por Lihuen Eugenia Antonelli. El miércoles 16 de abril, en una nueva jornada de lucha de jubilados frente al Congreso —una movilización que los diputados de la izquierda acompañan todos los miércoles—, las fuerzas de seguridad atacaron con gas pimienta al diputado coya Alejandro Vilca. El mismo día que desde la cuenta oficial de la Casa Rosada se reivindicaba la Campaña del Desierto, el genocidio fundacional del Estado argentino contra los pueblos originarios. Y por si quedara alguna duda de la posición de La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine publicaba: “Era con agua y jabón”.
No se trata de una suma de hechos aislados. Es una política racista de Estado. El gobierno de Javier Milei lleva adelante un programa de exclusión sistemática de los pueblos indígenas, que combina represión, deslegitimación y retroceso normativo.
En noviembre pasado, Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que promovía los derechos de los pueblos indígenas. Ante un pedido de informe del Congreso, la banca del PTS-Frente de Izquierda preguntó las razones de esta votación, el gobierno justificó su postura diciendo el texto promovía “un régimen de excepcionalidad […] que, en lugar de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, podrían resultar en una limitación de su acceso pleno a derechos universales —como el derecho a la salud basada en el avance científico— o incluso validar prácticas incompatibles con los derechos de las mujeres y de los niños”.
El gobierno de Javier Milei negacionista, anticientífico y patriarcal, que promueve el odio a las mujeres y diversidades, señala “con preocupación” la cosmovisión de los pueblos originarios como atrasada y en contra de mujeres y niños. Bueno.
Estos argumentos no pueden convencer a nadie. Pero, en nombre de una supuesta “igualdad ante la ley”, se niega la preexistencia, los derechos colectivos y la identidad diferenciada de los pueblos originarios. El gobierno considera que reconocer derechos específicos a quienes fueron históricamente despojados es una forma de “privilegio”.
Aún más grave es el levantamiento de la Ley 26.160, que desde 2006 establecía la ilegalidad de los desalojos forzosos a las comunidades originarias mientras se regularizaban sus tierras. A pesar de verse incumplida numerosas veces, era una herramienta legal conquistada luego del Segundo Malón del mismo año. Con el DNU 1083/24, el gobierno dio por terminada la emergencia territorial. En la respuesta firmada por Guillermo Francos, se asegura que esta medida “brinda seguridad jurídica a las partes” y que las comunidades “cuentan con el debido reconocimiento” del Estado.
Sin embargo, de acuerdo al INAI más de 1700 comunidades siguen sin contar con títulos ni protección efectiva. La respuesta oficial incluso cuestiona el concepto de emergencia territorial, calificándolo de “inconsistente y ajeno a la realidad comunitaria”. Un desprecio absoluto en favor de grandes intereses económicos. Quieren despojar a las comunidades de sus territorios al servicio de las petroleras, mineras, desarrollos inmobiliarios y agronegocios.
Por eso también avanzan con la criminalización y el avance represivo. En los últimos meses, el gobierno ha detenido y judicializado a referentes mapuches como Victoria Nuñez Fernández quien ya recuperó la libertad, luego de que cayera la última causa armada con la cual el gobierno intentaba tapar su inacción frente a los incendios de la Patagonia. En una burda mentira y operación, acusaban a quienes defienden los territorios de querer destruirlos.
El ataque a Vilca condensa todo este panorama. Es indígena, es obrero, es trotskista y acompaña las luchas populares cada semana en la calle. Por eso lo fueron a buscar para reprimir. Por eso lo insultan. Por eso lo quieren callado. Pero no lo van a lograr.
Este gobierno no solo es enemigo de las y los trabajadores. También es profundamente racista. Su modelo de país necesita territorios libres de comunidades para que avancen los negocios. Pero frente a eso, hay resistencia.
Fuente: la Izquierda Diario