La declaración que repudia la política de Benjamin Netanyahu en territorio palestino, lleva la firma de los exministros argentinos, Rafael Bielsa, Felipe Solá y Jorge Taiana. Exigen que se autorice “el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria”. Hasta la fecha, son más de 50 000 las personas asesinadas, la mayoría niños y mujeres, según distintos organismos internacionales
DECLARACIÓN DE ExCANCILLERES LATINOAMERICANOS
Los ex Cancilleres latinoamericanos abajo firmantes condenamos
enérgicamente al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu por su acción
indiscriminada contra la población civil en Gaza, al margen del Derecho
Internacional y, especialmente, del Derecho Humanitario.
Desde que Israel rompiera unilateralmente con el cese del fuego el 18 de
marzo, cerca de 2.000 palestinos han muerto en Gaza, la inmensa mayoría
civiles. A pesar de que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, el 5
de mayo el gabinete israelí acordó intensificar las acciones militares, lo que
ha significado más muertes y destrucción.
Es urgente que se acuerde el cese al fuego en todo el territorio de Gaza, que
se permita el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria y se
restablezca el Derecho Internacional.
Nuestra condena se extiende, clara y categórica, contra la acción terrorista
de la milicia Hamas contra la población civil en Israel, el 7 de octubre de
2023. Se trató de 1.200 víctimas fatales entre niños, mujeres y familias, y
del secuestro de 250 personas, algunas de los cuales aún permanecen en
cautiverio. Demandamos la liberación inmediata de los rehenes restantes.
Frente a ese ataque armado, le asistió a Israel el derecho a la legítima
defensa, conforme al artículo 51, Capítulo VII, de la Carta de Naciones
Unidas. Eso no está ni puede estar en discusión.
Sin embargo, hemos presenciado con estupor el ataque indiscriminado que
han llevado a cabo el gobierno de Netanyahu contra la población civil en el
territorio de Gaza, que ha costado la vida a 53.000 personas, entre ellos,
niños, mujeres y familias enteras, decenas de miles de heridos y cientos de
miles de damnificados y desplazados, además de la destrucción sistemática
de buena parte de la infraestructura, incluyendo viviendas, barrios enteros,
escuelas y hospitales.
Particularmente grave es la negativa a permitir la ayuda humanitaria sin
restricciones que la población imperiosamente requiere, generando un
peligro de hambruna generalizada. Con el bloqueo total decretado por el
gobierno de Netanyahu a la Franja de Gaza, más el desplazamiento forzado
de cientos de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur, y los
bombardeos contra barrios enteros, Israel está incumpliendo obligaciones
que emanan de las normas del Derecho Internacional, incluyendo la
proporcionalidad y la necesidad de distinguir entre combatientes y población
civil, además de la obligación de tomar las medidas precautorias para evitar
el daño a civiles.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha expedido, en noviembre de 2024, una
orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y de su ex ministro de defensa
Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Deif
(presuntamente muerto), por crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad, y se encuentra investigando, en el caso de Israel, como su fiscal
ha señalado pública y formalmente, la posible comisión del delito de
genocidio.
Cabe tener presente que 124 estados miembros de Naciones Unidas (ONU)
han adherido al Tratado de Roma que creó esta importante institución en
2002. Aunque el estado de Israel desconoce esa competencia, en 2021, la CPI
resolvió que sus propias competencias se extienden a la Cisjordania y Gaza
desde que la secretaría general de la ONU aceptó la adhesión de los
palestinos al Estatuto de Roma.
Anteriormente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución
conminando a Israel a cesar inmediatamente su ofensiva militar en la zona de
Rafah de la Franja de Gaza, así como “toda acción que pudiese infligir en el
grupo palestino en Gaza condiciones de vida que pudiesen significar su
destrucción física total o parcial”.
La comunidad internacional debe presionar para la obtención de un cese al
fuego que permita el ingreso y tránsito de la ayuda humanitaria
internacional sin restricciones, bajo la supervigilancia de la ONU. El informe
de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos
Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados sostiene que la violencia que
Israel ha desatado tiene como fin “provocar el desplazamiento forzado y la
sustitución de los palestinos”, lo cual “podría causar un perjuicio irreparable
a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina”.
Finalmente, nos asiste la convicción de que no habrá paz verdadera entre
judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de dos estados,
Israel y Palestina, coexistiendo uno al lado del otro, sobre la base de
fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
Que las palabras y el llamamiento a la paz del recientemente electo Papa
León XIV no caigan en el vacío. Es un deber de la comunidad internacional,
sus instituciones y Estados, contribuir a la paz y la seguridad en el Medio
Oriente, poniendo fin a la guerra de Gaza.
Carolina Barco (Colombia)
Rafael Bielsa (Argentina)
Mariano Fernández (Chile)
Alejandro Foxley (Chile)
Diego García Sayán (Perú)
José Miguel Insulza (Chile)
Susana Malcorra (Argentina)
María Emma Mejía (Colombia)
Heraldo Muñoz (Chile)
Rodolfo Nin (Uruguay)
Aloysio Nunes (Brasil)
Marta Lucía Ramírez (Colombia)
Camilo Reyes (Colombia)
Felipe Solá (Argentina)
Jorge Taiana (Argentina)
Antonia Urrejola (Chile)
Ignacio Walker (Chile)
21 de mayo de 2025