Un sistema de privilegios donde empresarios y capitalistas operan con contratos millonarios con el estado y producción sin control estatal, priorizando las ganancias de unos pocos sobre la vida de la mayoría. Esta realidad quedó al desnudo con el escándalo del fentanilo contaminado y con las coimas que reciben Karina Milei y Luis “Lule” Menem de Droguería Suiza Argentina. La corrupción es inherente al capitalismo.
Opinión. Por Rosa D’Alesio / @rosaquiara
Al menos 96 personas murieron por la distribución de fentanilo contaminado, producido por el laboratorio HLB Pharma y distribuido masivamente tanto en el sector público como en el privado. La sustancia, fabricada en diciembre de 2024, contenía bacterias que derivaron en internaciones críticas y muertes en cadena. El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, no solo no actuó cuando se conocieron las primeras muertes, sino que se ocupó activamente de atacar y deslegitimar la protesta de trabajadores y residentes del Hospital Garrahan, que reclamaban aumentos salariales porque sus haberes se encuentran muy por debajo de cubrir la canasta básica.
Mientras se conocían las muertes por fentanilo contaminado, los funcionarios del ANMAT miraban para otro lado. La información judicial demuestra que los laboratorios sabían de antemano cuándo serían las inspecciones del INAME (dependiente de la ANMAT), lo que revela una complicidad directa entre el Estado y los empresarios de la salud. En los chats internos de los empleados del laboratorio Ramallo y HLB Pharma, que ahora forman parte de la causa penal, se habla abiertamente de fallas estructurales, del uso de productos vencidos, y de que “hasta que no pase algo grave, no van a escarmentar”. Y lo grave llegó: murieron 96 personas.
Esta tragedia sanitaria no es un error ni una excepción, es el resultado directo de una política que subordina la salud pública a los intereses del capital farmacéutico. Mientras Lugones ejecuta despidos, cierre de áreas estratégicas y vaciamiento de hospitales como el Garrahan, Posadas o Bonaparte, se benefician a laboratorios farmacéuticos privados.
Corrupción a cielo abierto
Esta semana también se conocieron audios que comprometen a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de un escándalo de coimas y contratos millonarios con la Droguería Suizo Argentina, proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Mientras el gobierno recorta coberturas y pensiones a personas con discapacidad, aumenta los pagos a laboratorios amigos. Según la denuncia presentada en agosto de 2024, hubo contrataciones por más de 30 mil millones de pesos sin licitación, beneficiando a empresas vinculadas directamente a la familia Menem -Farma Online comercializa los productos de la marca GenTech Argentina SA, que tiene a Martín Menem entre sus socios-.
Milei llegó al poder con la promesa de “terminar con la casta”. Hoy gobierna con ella. Lo de esta semana no fue una excepción, fue una confirmación. Una confirmación de que la “libertad” que pregona no es otra cosa que la libertad de los empresarios para lucrar a costa de la vida. Y mientras recorta presupuesto a la salud, a la educación, a las jubilaciones y a los programas sociales, favorece a los capitalistas que hacen negocios con el Estado.
Esto no empezó con Milei. La tragedia de Once, por ejemplo, dejó más de 50 muertos bajo el gobierno de Cristina Kirchner, y mostró que esta relación criminal entre empresarios y el Estado es una constante bajo todos los gobiernos capitalistas. Con el gobierno de La Libertad Avanza, el discurso “anticasta” se usa como pantalla para encubrir los negociados de la nueva casta libertaria.
No se trata de una “tragedia” inevitable, se trata de un crimen social, con responsables políticos y empresariales concretos. No se trata de un caso de corrupción aislado, se trata de un sistema –el capitalista– que pone las ganancias por encima de la salud, la vida de las mayorías y los sectores más vulnerables. Y se trata de un gobierno que administra este sistema podrido al servicio de los mismos de siempre.
Lo que necesitamos es lo opuesto a este modelo. Un sistema de salud totalmente estatal, público, bajo control de trabajadores y usuarios, sin negocios privados, sin tercerizaciones, sin laboratorios que produzcan para aumentar sus ganancias. Un sistema donde la producción de medicamentos esté al servicio de las necesidades sociales, no de la rentabilidad empresaria.
Basta de negociar con nuestra salud. Basta de gobiernos al servicio del capital. Es urgente organizarse desde abajo para pelear por otro futuro.
Fuente: La Izquierda Diario