El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU condenó al Estado argentino por violar el derecho a la vivienda de seis familias de la Villa 15 (Ciudad Oculta) en la Ciudad de Buenos Aires, ordenó que se suspendiera su desalojo y pidió que se garantice la reurbanización del barrio. En su decisión, el Comité destacó que el proceso judicial se hizo sin evaluar la vulnerabilidad extrema de esas familias y que nunca se le propusieron otras soluciones habitacionales para que no quedaran a la intemperie.

En la Villa 15 viven seis familias que enfrentan un proceso de desalojo desde hace más de 10 años. Son 26 personas, entre ellas 11 niñas, niños y adolescentes y 7 personas con discapacidad. Dos fallos, uno de primera instancia en la Justicia Civil, y otro de Cámara, ordenaron el desalojo. Luego las familias, con la asistencia legal del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) presentaron su reclamo ante el Comité DESC.

Después de analizar la denuncia, en 2020 el Comité dictó una medida provisional en la que ordenó la suspensión del desalojo. Sin embargo, en 2022, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil desconoció esa decisión y, por eso, el CELS se presentó como amicus curiae ante ese tribunal. Finalmente, esta semana el Comité emitió su dictamen de fondo, que finaliza el procedimiento internacional, y condenó a la Argentina por no cumplir pactos internacionales que son obligatorios y que tienen jerarquía constitucional.

Además de la suspensión del desalojo, el Comité DESC le exigió al Estado que garantice una vivienda estable y segura para las familias, y que ponga en marcha un plan integral de reurbanización y regularización en la Villa 15, recomendó reformas a la regulación sobre desalojos y la elaboración de protocolos de actuación para el poder judicial. Esta decisión refuerza la obligación del Estado de proteger los derechos sociales de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y deja en claro que sus tres poderes tienen la obligación de respetar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos. 

Fuente: Centro de Estudios Sociales y Legales