El Comité contra la Tortura alertó por el aumento de denuncias de tortura, las condiciones inhumanas en cárceles y comisarías, y el uso desproporcionado de la fuerza en protestas. En sus observaciones sobre Argentina, también expresó preocupación por la situación de mujeres, adolescentes y personas migrantes, y pidió al Estado una política de tolerancia cero a la tortura, reformas urgentes y garantías efectivas para prevenir y sancionar malos tratos.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) presentó este 28 de noviembre sus observaciones sobre la Argentina. Instó al Estado a adoptar una política de tolerancia cero a la tortura en el país y expresó su preocupación por el aumento, desde 2024, de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales reportadas en varios de los informes remitidos. La grave situación carcelaria y la falta de sanciones a los hechos denunciados muestran una continuidad de las prácticas de violencia estatal y de patrones de impunidad. Además, el Comité registró un agravamiento de las formas en que se manifiestan la tortura y los malos tratos, como ocurre en el régimen de “alto perfil” y el mal uso de las llamadas armas menos letales en protestas. Estas escenas muestran que la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica reiterada en la Argentina.
Luego de evaluar el séptimo informe presentado por el país, el CAT destacó positivamente la vigencia de leyes y políticas como la del acceso al aborto, asistencia a víctimas y prevención de violencias, pero advirtió que esos logros conviven con retrocesos que impactan directamente tanto en las personas privadas de la libertad como en el ejercicio del derecho a la protesta.
Encierro de “alto perfil”
Uno de los puntos más importantes de las observaciones del CAT es su preocupación especial por el régimen de encierro de “alto riesgo” asociado a las políticas contra el narcotráfico. Además de cuestionar su implementación, reparó en las condiciones inhumanas de encierro que afectan a estas personas, algunas de ellas, incluso, sin condena: encierros en aislamiento de hasta 20 horas, restricciones de visitas y atención médica limitada. En este punto, el Comité pidió ajustar esta modalidad a las Reglas Mandela, además de exigir una revisión judicial periódica y que se limite el aislamiento, para que se lo aplique solo como último recurso.
Torturas
El informe alertó sobre denuncias de tortura y malos tratos documentadas en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, provincia de Santa Fe, que incluyen simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y descargas eléctricas. Destacó también la medicalización forzada y represalias ante denuncias internas. Pidió investigaciones independientes, la suspensión inmediata de los agentes involucrados y mecanismos concretos de protección a víctimas.
Además, advirtió deficiencias estructurales en la investigación judicial de este tipo de casos, donde rara vez se actúa de oficio, las pericias resultan insuficientes y los procesos se demoran, lo que contribuye a reforzar la impunidad y representa una habilitación judicial a la tortura. El Comité propone la creación de fiscalías especializadas con recursos adecuados y la aplicación del Protocolo de Estambul.
El CAT señaló la falta de designación de cargos y vacantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y la insuficiencia presupuestaria para los mecanismos locales. Marcó las restricciones para el acceso a centros de detención y pidió garantías para la participación de la sociedad civil.
Detención en comisarías
El CAT registró casos de personas encerradas por meses en condiciones extremadamente deficientes: celdas sin ventilación, escasez de agua, alimentación insuficiente y demoras médicas. El organismo le exige al Estado el fin de esta práctica y el traslado inmediato a centros adecuados.
También notó déficits en las garantías básicas desde el momento de la detención: falta de acceso rápido a abogados, información incompleta sobre el motivo del arresto y exámenes médicos realizados sin independencia o con presencia policial. Recomendó promover el traslado a centros de detención adecuados después de que se hayan presentado cargos contra las personas bajo custodia policial. Esto impone un límite a la estadía en comisarías, que no debe ocurrir después de la imputación.
Encierro en cárceles
El informe señala los problemas graves de hacinamiento y sobrepoblación, y la necesidad de incorporar un cupo penitenciario de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, la atención médica deficiente, las requisas corporales invasivas, la falta de separación entre personas procesadas y condenadas. Remarcó las limitaciones educativas como un problema para la reinserción.
Respecto de las mujeres detenidas, señaló la existencia de violencia obstétrica, falta de insumos básicos y alejamiento de su núcleo familiar. El Comité recomienda priorizar medidas alternativas al encierro, sobre todo en casos de embarazadas o madres con hijxs.
También reparó en la situación de detención de niños, niñas y adolescentes. Observó los encierros prolongados, la distancia geográfica respecto a sus familias y la convivencia con adultos. Además, rechazó la reducción de la edad de responsabilidad penal y exigió medidas alternativas a la privación de la libertad, que exista una atención especializada y que se termine con las detenciones de menores de edad en comisarías.
Protesta
Sobre la protesta social y uso de la fuerza, el Comité observó que las resoluciones vigentes amplían la discrecionalidad en el uso de armas de fuego, no regulan adecuadamente el uso de armas menos letales, reducen las obligaciones de identificación, permiten intervenciones sin controles suficientes y pueden restringir el derecho a la protesta. También alertó por denuncias de violencia policial en movilizaciones -con uso de balas de goma, gas lacrimógeno, hidrantes, y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos-. Al mismo tiempo alertó sobre la interferencia del Ejecutivo en decisiones judiciales, luego de analizar la denuncia penal que hizo el Ministerio de Seguridad contra una jueza por ordenar la liberación de personas detenidas durante una protesta.
Frente a este escenario, el Comité recomendó revisar las resoluciones cuestionadas, incorporar criterios claros de necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de la fuerza y establecer lineamientos precisos sobre armas menos letales y su control. Instó a grabar todos los operativos, dar acceso a organismos independientes e investigar eficientemente todas las denuncias de uso ilegal de la fuerza.
Violencia policial, migrantes y refugiados
A partir de denuncias sobre hostigamiento en detenciones callejeras, operativos masivos en barrios populares y acciones de patrullas municipales que operan sin un marco legal, el organismo recomendó prevenir las detenciones arbitrarias, investigar los abusos y garantizar una sanción penal efectiva cuando existan responsabilidades estatales.
El Comité alertó sobre el avance del Estado sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En especial, el uso de los decretos para retroceder en políticas, ampliar las causales de exclusión, los plazos de apelación y habilitar expulsiones automáticas, lo que puede vulnerar el principio de no devolución.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)