Más de 1,3 millones de trabajadores del conurbano sostienen a diario el funcionamiento y la economía de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por un decreto del gobierno de Jorge Macri los discrimina y relega en el acceso a servicios públicos, profundizando una desigualdad estructural entre quienes hacen funcionar la Ciudad y quienes acceden plenamente a sus derechos.
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Por Leo Espartaco. A través de sus redes sociales, Jorge Macri jefe de Gobierno porteño, anunció una medida en sintonía con la pelea que tiene con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero lo que hay de cierto es que con esta medida tendrán prioridad en los trámites, hospitales, estudios médicos, escuelas, turnos y básicamente en toda la administración pública, los porteños por sobre los millones que a diario entran a la Ciudad a trabajar. Una clara medida antiobrera y discriminatoria para los trabajadores que viajan desde el conurbano y son fundamentales en la ciudad.
El calvario de los que viajan horas todos los días del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires para llegar a sus trabajos se transformó en una de las noticias centrales en todos los canales de televisión en estas semanas de crisis del transporte público. En este mismo momento Jorge Macri, mientras genera un estrepitoso silencio, sobre esta realidad que sufren millones a diario, les empeora la vida. Un verdadero desprecio de clase y un ajuste invisibilizado. Y esto, sin contar la persecución permanente de la Policía de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires funciona todos los días gracias a una masa de trabajadores que no vive en ella. En un distrito de poco más de 3,1 millones de habitantes, existen cerca de 2,7 millones de puestos de trabajo, y casi la mitad —alrededor de 1,3 millones— son ocupados por personas que llegan desde el conurbano bonaerense. Son quienes cruzan a diario la General Paz para sostener desde tareas esenciales hasta actividades clave de la economía urbana. Muchos de ellos son trabajadores de la salud o educadores que serán relegados para ser atendidos en sus mismos lugares de trabajo. Un verdadero ajuste invisible para una mano de obra sin derechos.
• En la Ciudad hay alrededor de 2,74 millones de puestos de trabajo
• De esos: 1.365.500 los ocupan residentes de CABA y 1.376.500 los ocupan personas que viven en el conurbano bonaerense
Lejos de ocupar nichos marginales, estos trabajadores están concentrados en sectores estratégicos. Entre el 45% y el 50% se desempeña en comercio y servicios —ventas, gastronomía, hotelería—, mientras que entre el 15% y el 20% lo hace en la construcción. Otros segmentos relevantes son la industria y logística (10–15%), los servicios urbanos y tareas operativas como limpieza y seguridad (10–12%), y en menor medida la administración pública, salud y educación (8–12%). Se trata, en su mayoría, de trabajos presenciales, muchas veces precarizados y con salarios más bajos que el promedio de la Ciudad. Son los que a diario se los ve abarrotados en estaciones de trenes o en las zonas lindantes con el conurbano. Horas viajando en pésimas condiciones para que Jorge Macri además los estigmatice y le quite derechos.
En este contexto, la implementación de la llamada “prioridad porteña” introduce una nueva barrera. Sin prohibir el acceso, establece un orden de atención que coloca a los no residentes en un segundo plano en hospitales, escuelas, programas sociales y trámites. Así, quienes aportan diariamente a la generación de riqueza en la Ciudad pasan a tener un acceso restringido a derechos básicos cuando los necesitan. Trabajadores de segunda por el lugar donde viven. Macri se pelea con Kiciloff pero los que pagan los platos rotos son los trabajadores.
El argumento oficial sostiene que los servicios deben priorizar a quienes residen y tributan en la Ciudad. Sin embargo, esa lectura omite que buena parte del funcionamiento económico porteño depende de trabajadores que, aunque no vivan en CABA, contribuyen de manera directa e indirecta a su sostenimiento. La circulación diaria de esa fuerza de trabajo no es un fenómeno accesorio: es una condición estructural del modelo económico metropolitano.
La medida, en este sentido, no solo ordena la demanda, sino que redefine jerarquías sociales. Consolida una ciudad que integra a los trabajadores del conurbano como fuerza productiva, pero los excluye parcialmente como sujetos de derecho. El resultado es un esquema donde la desigualdad territorial se traduce también en desigualdad institucional.
La legisladora Andrea D’Atri del Frente de Izquierda ironiza en las redes sociales contra una medida típica de un apartheid. El sueño húmedo del PRO es transformar a la Ciudad en un Country con mano de obra barata y sin derechos.
Si los trabajadores que llegan diariamente desde el conurbano dejaran de entrar a la Ciudad, el funcionamiento cotidiano de Buenos Aires se vería rápidamente alterado, casi hasta paralizarse en algunos sectores. Comercios con persianas bajas, obras frenadas, servicios de limpieza y mantenimiento interrumpidos, hospitales y escuelas funcionando con planteles incompletos: la postal sería la de una ciudad que pierde su ritmo habitual en cuestión de horas. No se trataría solo de una caída económica, sino de una disrupción integral de la vida urbana, porque buena parte de las tareas que sostienen lo cotidiano —muchas veces invisibilizadas— dependen de esa fuerza de trabajo.
Los sindicatos porteños deberían tomar carta en el asunto. No pueden mirar para otro lado cuando se le quietan derechos a la mitad de los trabajadores de la Ciudad. El decreto de “Prioridad porteña” no es más que la quita de derechos inviolables, como el acceso a la salud y educación. Este ajuste invisibilizado se lo debe enfrentar, hay que pararle la mano a Jorge Macri.
Fuente: La Izquierda Diario
