El organismo INTA quiere exonerar a Virginia Aparicio (con lo cual extingue su relación laboral y la inhabilita para volver a trabajar en el Estado), quien durante años desarrolló una investigación acerca del peligro de los agrotóxicos. En un suceso gravísimo, el INTA busca dejarla por fuera de cualquier contrato estatal, la sanción más grave prevista para el empleo público nacional. ¿Por qué? Irónicamente, por hacer su trabajo científico.
Por Kiara Vinueza. En una entrevista que le concedió a Bichos de Campo en conjunto a su abogado Mario Bolla, Aparicio comentaba que, desde 2025, enfrenta un sumario administrativo vinculado a su participación en el proyecto SPRINT, cuyos resultados fueron negados a publicarse.
Según Bolla, las nuevas autoridades del INTA no están conformes con eso, por lo que ahora en el expediente proponen la exoneración de Aparicio.
¿Qué es el proyecto SPRINT y por qué sus resultados causaron tanto revuelo?
El SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition, “Transición Sostenible de la Protección Vegetal”) fue un proyecto internacional de investigación desarrollado durante cinco años, con participación de instituciones científicas de once países, entre ellos Argentina.
El objetivo del proyecto fue estudiar la exposición a plaguicidas y su presencia en diferentes componentes del ambiente, los alimentos y los organismos, para aportar evidencia que permitiera avanzar hacia sistemas de protección vegetal más sostenibles.
En Argentina, la investigación fue coordinada por Virginia Aparicio, quien cuenta con una extensa trayectoria en el estudio del comportamiento y destino ambiental de los plaguicidas. Los resultados obtenidos para la Argentina pusieron en evidencia la escalofriante exposición de la población a múltiples sustancias tóxicas. Se detectaron entre 6 y 13 plaguicidas diferentes en las muestras de orina, mientras que el 86,1% de las muestras de orina y el 100% de las muestras de materia fecal analizadas presentaron glifosato y/o AMPA, su principal metabolito.
Estos resultados muestran algo de enorme importancia: los plaguicidas se encuentran hasta en el tuco que te haces para acompañar la pasta. En lugar de que estos resultados abrieran un debate público sobre sus implicancias ambientales y sanitarias, en Argentina primó la censura. Según la reconstrucción realizada por Aparicio y por organizaciones que acompañan su caso, el INTA restringió la comunicación pública de los resultados del proyecto y, posteriormente, Argentina se retiró del relevamiento.
Acá es donde el conflicto plantea una contradicción: Virginia Aparicio no es una desconocida que llegaba para cuestionar al sector agropecuario. Por el contrario, es una científica del propio INTA y el CONICET, cuya participación en el proyecto SPRINT era parte de su trabajo científico. Esto denota la “idea” de ciencia que persiguen las autoridades:
Pero la lógica de las autoridades de esos organismos es otra, que podemos resumir de la siguiente forma: están a favor de hacer “ciencia”, en tanto los resultados no incomoden a los negocios de los grandes capitalistas. Virginia Aparicio hizo lo contrario: tomó en serio su trabajo e investigó a fondo, encontró resultados incómodos para el agronegocio, los comunicó advirtiendo sobre la necesidad de impulsar políticas públicas al respecto.
Este fue el detonante del conflicto con el propio INTA, cuyo directorio cuenta con representantes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina y CREA, además de representantes del Estado.
Vale agregar que Argentina se retiró del estudio en 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández. A pesar de esto, los datos obtenidos por Aparicio y el equipo de investigación fueron utilizados por el proyecto SPRINT porque era parte del convenio. Esto no deja duda sobre el origen netamente argentino de la censura y persecución contra la investigadora.
En este sentido, el caso de Aparicio permite pensar la ciencia como un terreno de disputa. Investigar la presencia de plaguicidas en el ambiente y en los cuerpos, significa producir conocimiento sobre los costos de un modelo productivo que no aparecen necesariamente en las estadísticas de producción, exportaciones o rentabilidad.
El viejo conocido de la Argentina
Pero la historia de los plaguicidas no es nueva, se viene cultivando hace años. Desde que se autorizó comercialmente la soja transgénica RR (modificada con glifosato) en 1996, la soja comenzó a ocupar enormes extensiones y avanzó sobre territorios donde antes existían otras actividades productivas y ecosistemas. Un trabajo histórico sobre el proceso señala que, entre 1993 y 2007, la superficie agrícola destinada a soja incorporó cerca de 7,5 millones de hectáreas adicionales y que la siembra directa pasó del 15% al 80%.
Esto representó un gran salto para las exportaciones argentinas. Pero también contrajo una transformación cuyos costos ambientales y sanitarios empezaron a hacerse cada vez más visibles. La expansión del modelo no solo significó una mayor exposición para quienes trabajan directamente con los cultivos. Al mismo tiempo abrió un problema para las poblaciones que viven en las zonas cercanas a las áreas fumigadas, como vienen denunciando desde hace años los llamados pueblos fumigados, como Entre Ríos o Lobos. En las poblaciones expuestas a plaguicidas se han estudiado efectos agudos, como irritaciones y afecciones dérmicas, pero también posibles efectos asociados a exposiciones crónicas, entre ellos alteraciones genotóxicas, inmunológicas y neurológicas, que se asocian con cáncer, déficits neurológicos y neurocognitivos.
Pero esto no se reduce solamente a los llamados pueblos fumigados. Como vimos al abordar el proyecto SPRINT, la exposición tampoco parece limitarse a quienes trabajan directamente con los cultivos. En las muestras argentinas analizadas por el proyecto se detectó glifosato y/o AMPA en la totalidad de las muestras fecales analizadas. ¿Cómo es posible que una sustancia asociada principalmente a la actividad agrícola aparezca también en personas que no necesariamente trabajan en el sector?
La propia investigación de Virginia Aparicio permite empezar a responder esta pregunta con trabajos anteriores como Pesticide pollution in argentine drinking water: A call to ensure safe Access, que realizó en 2024 junto a Eduardo de Gerónimo (investigador del INTA). Producto de la investigación, encontraron que la contaminación por plaguicidas no se limita al lugar de aplicación. El estudio encontró residuos de múltiples plaguicidas y productos de degradación en agua destinada al consumo humano en Argentina, poniendo en discusión la capacidad de los sistemas de monitoreo para garantizar agua segura.
Estamos hablando de que todos nos encontramos afectados: trabajadores que se levantan todos los días para ganarse la vida, familias que viven en sus propios barrios y niños que empiezan su jornada escolar sin tener ninguna posibilidad de decidir qué sustancias se utilizan a pocos metros de sus casas. Mientras una máquina fumigadora atraviesa el cielo sobre sus cabezas, aumentando sus posibilidades de desarrollar alteraciones en su salud. El estudio Sprint detectó que el 85% de la población está afectada, pues hay agrotóxicos en el aire, el agua y los alimentos.
La disputa por el concomimiento
El caso de Aparicio deja al descubierto un conflicto de poder que atraviesa al campo científico: ¿para qué se investiga?, ¿quién decide qué problemas son prioritarios?, ¿qué investigaciones reciben financiamiento?, ¿qué resultados se consideran relevantes y cuáles resultan incómodos y se terminan censurando?
Estas preguntas no se responden en el vacío. La actividad científica ocurre dentro de instituciones, relaciones económicas y estructuras sociales concretas que condicionan qué conocimiento puede producirse, financiarse y circular. La ciencia también forma parte de la sociedad en la que se produce, y es acá donde podemos encontrar una respuesta a la interrogante: ¿por qué instituciones como el INTA terminan actuando obedientemente a los intereses de un sector económico tan poderoso como el agroexportador en Argentina? Porque detrás de ellas existe un sistema capitalista que organiza la producción y las relaciones sociales alrededor de una premisa fundamental: el lucro de los empresarios es lo fundamental y está por encima de todo aquello que los amenaza, ya sea la salud, el ambiente o las condiciones de vida de las grandes mayorías.
En vista de lo anterior, es fundamental disputar porque la ciencia no esté al servicio de resolver los problemas que aquejan al conjunto de la población, y no de la minoría que representan los capitalistas. Para esto, no basta con defender al Conicet y el sistema de investigación científica de los ataques oscurantistas del gobierno de Milei y la extrema derecha. También es necesario revolucionar los espacios de investigación científica, para que sean dirigidas democráticamente por quienes las sostienen y las hacen funcionar: trabajadores, investigadores, docentes, estudiantes y comunidades.
