Con el RIGI, el Gobierno fortalece un modelo orientado a la exportación por sobre el abastecimiento de las grandes mayorías. A la vez impone tarifazos en favor de las ganancias de las privatizadas y busca recortar subsidios para que el ajuste lo paguen los trabajadores y sus familias.
Por Matías Hof / @HofMatias. Mientras el Gobierno celebra los récords de producción en Vaca Muerta, la primera ola polar del año volvió a poner en evidencia los problemas de abastecimiento de gas en distintos puntos del país. En la Argentina de Javier Milei y Luis Caputo conviven dos fenómenos que parecen contradictorios, la explotación de uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo y las dificultades de amplios sectores de la población para acceder a un servicio esencial en pleno invierno.
Las declaraciones del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien recomendó a las familias “abrigarse en vez de usar gas”, expresan el enfoque del Gobierno frente a la crisis energética. Las boletas de gas acumulan un aumento del 2.073 % real entre diciembre de 2023 y junio de 2026, según datos del IIEP de la UBA y el CONICET, un incremento que supera ampliamente la inflación general del mismo período y afecta a millones de hogares.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó un esquema que prioriza la expansión de proyectos orientados a la exportación. Gran parte de las inversiones en Vaca Muerta se concentran en la producción de petróleo (shale oil) para la exportación, posponiendo la extracción de gas para cuando pueda ser transformado en GNL y vendido al exterior. Así lo reflejan los datos, los barriles de petróleo por día pasaron de 700 mil en 2024 a 900 mil en mayo de 2026 (según las cifras de la Secretaría de Energía de la Nación), mientras que la producción de gas no puede superar los 150 MMm³/día desde 2022.
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En ese marco, las obras en curso del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) mediante la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), que también ingresó al RIGI, permite ver como una vía para mejorar el abastecimiento fue convertida en parte del negocio. La obra consiste en la incorporación de tres plantas compresoras en La Pampa y una en Neuquén para aumentar la capacidad de circulación, y fue demorada para que la inversión sea realizada desde el ámbito privado. Según la Resolución 676/2026, la infraestructura recién estaría operativa comercialmente en abril de 2027, si no se producen nuevos retrasos. Tengamos en cuenta también que el propio gasoducto sufrió demoras por la paralización de la obra pública impuesta por Milei.
El proyecto no incluye la extensión del gasoducto que permitiría ampliar la capacidad de transporte hacia el Litoral y el Norte del país. El abastecimiento no es la prioridad, sino las ganancias. Milei profundizó esta orientación que ya había sido iniciada por Cristina Kirchner cuando entregó a Chevron las primeras obras en Vaca Muerta.
Tarifazos, producción y acceso desigual
Esta política tiene consecuencias concretas sobre millones de hogares. Los aumentos acumulados de las tarifas obligan a muchas familias a reducir el consumo de calefacción o destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de los servicios públicos.
Al mismo tiempo, las restricciones en el suministro de gas durante los picos de demanda afectan a distintos sectores industriales y pueden traducirse en interrupciones de la producción y suspensiones laborales, cuyos costos terminan recayendo sobre los trabajadores.
La expansión de Vaca Muerta tampoco modificó otro problema estructural, cerca de la mitad de la población argentina continúa sin acceso a la red de gas natural y depende del mercado de garrafas.
El recorte a las Zonas Frías
En paralelo, el oficialismo impulsa modificaciones al régimen de Zona Fría. El proyecto elimina el alcance de la ampliación aprobada en 2021, que incorporó millones de hogares del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, reemplazándolo por un esquema de subsidios focalizados sujeto a las decisiones del Poder Ejecutivo.
También modifica el régimen vigente para las provincias patagónicas. El subsidio histórico del 50 % dejaría de aplicarse sobre la tarifa plena y pasaría a alcanzar únicamente el componente correspondiente al precio del gas. Además, el proyecto habilita al Ejecutivo a modificar esos porcentajes.
La iniciativa incluye además la condonación de deudas con CAMMESA para distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur. Al mismo tiempo, las cuatro principales distribuidoras de gas —Camuzzi, Metrogas y Naturgy, entre otras— incrementaron sus ganancias reales un 643 %, en un contexto marcado por fuertes aumentos tarifarios.
No morir de frío es un derecho, no un negocio
Frente a este esquema, es necesario rechazar el recorte al régimen de Zonas Frías y discutir una reorganización integral del sistema energético. La nacionalización e integración de toda la industria energética —extracción, transporte y distribución, junto con las represas y los parques de energías renovables— bajo gestión de sus trabajadores y comités de usuarios, con el asesoramiento de profesionales de las universidades públicas, permitiría invertir las prioridades.
Desde esa perspectiva, el control público del sistema permitiría transparentar los costos de producción, planificar las inversiones necesarias para garantizar el acceso universal al servicio y avanzar hacia una transición energética que reduzca progresivamente la dependencia del fracking y de los combustibles fósiles, priorizando las necesidades sociales por encima de la rentabilidad de los grandes grupos empresarios.
Fuente: La Izquierda Diario
