Vecinos y organizaciones investigan el decreto que habilita la entrega de tierras frente al Glaciar Perito Moreno. Señalan intereses privados y un modelo de explotación que amenaza bienes comunes. La intervención judicial suma presión sobre el gobierno provincial.
Por Ernesto ZippoTrabajador de Correo Argentino | MAC Rio Gallegos – Sta Cruz.
Desde hace semanas, un grupo de vecinos y vecinas de El Calafate viene protagonizando una campaña que ya se hizo sentir en toda la provincia de Santa Cruz con la recolección de más de tres mil firmas. El eje de la protesta es contundente: exigen que se investigue a fondo el Decreto 0915/26, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que habilita la venta de hectáreas en la Península de Magallanes, un área ubicada justo frente al Glaciar Perito Moreno, uno de los íconos naturales más importantes de Argentina, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La comunidad no se quedó de brazos cruzados ante la polémica avanzada privatizadora del gobierno provincial. El reclamo es claro: que se derogue la venta y se transparente de inmediato el procedimiento, los motivos y los beneficiarios detrás de una decisión que afecta a todo el pueblo y a las generaciones futuras. Los vecinos advierten que se trata de tierras de altísimo valor ambiental, turístico, cultural y social, y que entregarlas a intereses privados atenta contra el patrimonio colectivo de la provincia y del país. De concretarse, podría generar un daño irreversible.
Transparencia, negocios y defensa del patrimonio
La campaña impulsada por los vecinos va mucho más allá de un simple reclamo administrativo. En las calles, en las redes y en cada espacio público disponible, exigen transparencia real y el esclarecimiento de los intereses que se esconden detrás de la firma del decreto. Plantean que el destino de estas tierras no puede resolverse “entre gallos y medianoche”, sino que debe discutirse de cara a toda la comunidad y con el pueblo como protagonista.
En paralelo, organizaciones ambientales, trabajadores del turismo y especialistas iniciaron una campaña de investigación que ya reunió información clave: antecedentes catastrales que muestran incompatibilidades con la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras, vínculos de la empresa beneficiaria con capitales extranjeros provenientes de Emiratos Árabes, y los posibles impactos ambientales sobre la cuenca del Lago Argentino y el sistema glaciario.
La intención empresarial detrás del decreto
Entre los elementos que surgieron en la investigación aparece un dato que preocupa especialmente a la comunidad: además del avance de capitales emiratíes, también se detectó la intención de la empresa francesa Huttopia de instalar un emprendimiento turístico de alto nivel dentro del Parque Nacional Los Glaciares.
Según fuentes vinculadas al sector, la firma —que opera proyectos hoteleros y de turismo de naturaleza en distintos países— habría manifestado interés en desarrollar un complejo exclusivo con infraestructura premium, aprovechando la vista directa al glaciar y la cercanía al área protegida.
Este tipo de emprendimientos, señalan especialistas, suele implicar movimiento de suelo, construcción de caminos internos, instalaciones de gran porte y servicios de alto consumo energético, todos factores que podrían alterar un ecosistema extremadamente frágil. La posibilidad de que capitales extranjeros impulsen un negocio turístico en una zona de reserva reforzó el rechazo social y alimentó las sospechas sobre el verdadero objetivo del decreto. También cuestionan el relato oficial que promete cientos de puestos laborales, incluso a costa de afectar bosques nativos y el equilibrio ambiental.
Intervención judicial: qué dijo el juez federal Claudio Vázquez
El avance del conflicto social motivó la intervención del juez federal Claudio Vázquez, quien el 16 de octubre dictó una resolución que marca un punto de inflexión en la disputa. Según fuentes judiciales y actores involucrados en la causa, el magistrado dispuso tres medidas centrales:
Requerimiento de documentación al Gobierno de Santa Cruz
Ordenó al Ejecutivo provincial que remita el expediente completo del Decreto 0915/26, incluyendo informes técnicos, dictámenes, antecedentes catastrales y fundamentos jurídicos. El objetivo es verificar si la venta se ajusta a la normativa vigente sobre tierras fiscales y áreas de protección ambiental.
Advertencia sobre la posible afectación de bienes de interés federal
El juez señaló que la Península de Magallanes se encuentra en una zona de interés federal, por su cercanía directa al Parque Nacional Los Glaciares y al Glaciar Perito Moreno. Por eso, cualquier operación que pueda afectar ese entorno requiere un análisis estricto y podría quedar bajo competencia de la justicia federal.
Pedidos de informes a organismos nacionales
La resolución incluye requerimientos a la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Geográfico Nacional y otros organismos técnicos, para obtener dictámenes independientes sobre impacto ambiental, delimitación territorial y compatibilidad de la venta con leyes nacionales.
Aunque la resolución no suspende explícitamente la venta, sí abre una vía judicial que puede frenar el avance del proceso, obliga al gobierno a justificar cada paso y habilita la posibilidad de medidas cautelares si se detectan irregularidades. Además, el juez decidió remitir el amparo a la Corte Suprema, lo que eleva el conflicto al máximo nivel institucional.
Una lucha que debe crecer en toda la Patagonia
La intervención judicial reforzó el reclamo de los vecinos de El Calafate y dio mayor legitimidad a la movilización. En la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, uno de los referentes de lxs vecinxs de El Calafate Alberto Chaile expuso el peligro que implica instalar un negocio turístico en una zona tan sensible como la Península de Magallanes.
La defensa del patrimonio natural y público es una bandera irrenunciable para la comunidad. El repudio a la venta expresa el rechazo a la entrega de recursos estratégicos y a un modelo donde las decisiones que afectan a las mayorías se toman entre pocos y a espaldas del pueblo.
El gobierno provincial de Claudio Vidal, bajo el argumento de generar empleo en una provincia con altos índices de desocupación, impulsa el extractivismo en todas sus variantes. Su participación en Argentina Week en Francia, junto al gobierno nacional y otros once gobernadores, profundizó la preocupación sobre la pérdida de soberanía que implica el decreto 0915/26.
La derogación del decreto dependerá del grado de movilización que pueda construirse no solo en El Calafate, sino en toda la provincia, como ya lo demostraron las luchas populares en Chubut y Mendoza, que frenaron intentos extractivistas en más de una ocasión. La Corte Suprema tampoco genera confianza: su alineamiento con el gobierno nacional la ubica como parte de una casta judicial influenciada por el lobby extractivista.
La calle es el lugar donde debe expresarse el rechazo a estos negocios millonarios. Solo una movilización masiva podrá frenar el decreto firmado por Vidal y cualquier intento de entregar el territorio a intereses privados.
Fuente: La Izquierda Diario