En el día de hoy, y tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para denunciar a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
La denuncia contra Noceti, alcanza también a Gerardo Otero, ex Director de Gendarmería Nacional Argentina, y al Comandante General Ernesto Oscar Robino, ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina en orden a los hechos que los expone en calidad de autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 77, 241 inc.2º, 246 inc. 3º, 248, 249, 277 inc.1º a) y 3º d) y 279 inc. 3º de nuestro Código Penal de la Nación.
“Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”, destacó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien explicó que esta revisión interna de las actuaciones, que nada tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tiene “finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente”.
En el acto en el que Frederic presentó el informe mediante videoconferencia, además del gabinete del Ministerio, participaron el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
El Secretario Horacio Pietragalla Corti consideró que la presentación del informe y sus derivaciones constituye “un gran trabajo, porque sabíamos que había irregularidades, que se habían implementado órdenes arbitrarias y está en evidencia ese accionar arbitrario de las autoridades políticas. Se trata de respuestas que fueron las que la familia no tuvo inmediatamente después de los hechos. Queremos dejar en claro que ayer denunciábamos la violencia institucional como opositores y hoy tenemos la responsabilidad de denunciar y acompañar a las familias, porque lo que no queremos es un Estado que fomente las violaciones a los derechos humanos”
A su vez, Crous, quien fue titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), dependiente del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que “la caracterización de este episodio y el resultado de la investigación de la Gendarmería son auspiciosos. Todos sabemos el esfuerzo que han hecho primero las fuerzas armadas y luego la fuerzas de seguridad para reinsertarse en el sistema democrático y recuperar su prestigio. La Gendarmería siempre fue una fuerza querida por el pueblo por su función social, ya que muchas veces que son la única presencia del Estado en situaciones extremas. Resultaba muy penoso ver su precipitada degradación en función de decisiones que se corresponden a instancias superiores a las propias fuerzas”.
El informe presentado por la ministra fue iniciado por la propia Gendarmería Nacional al comienzo de su gestión al frente de la cartera cuando Frederic, conforme los procedimientos administrativos correspondientes, ordenó la revisión exhaustiva de las actuaciones de las fuerzas de seguridad en aquellos casos en los que su participación requiriera deslindar y establecer responsabilidades sobre su accionar y consecuencias. Esta orden se fundó en que, en el período 2015-2019, se registraron actuaciones de las fuerzas de seguridad que dejaron entrever marcadas inconsistencias entre los resultados de los operativos, sus causas, sus explicaciones y la normativa que los rige. Uno de esos casos se registró el 1ero de agosto de 2017 cuando un operativo de la Gendarmería Nacional ante un corte de la Ruta Nacional 40 finalizó con la muerte y desaparición del cuerpo de Santiago Maldonado, quien fue hallado 78 días después en el río Chubut.
Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación