Mientras sectores políticos y mediáticos se escandalizan ante la tomas tierras por familias desamparadas. No hay condena ni indignación para los grandes grupos extranjeros usurpadores de miles de hectáreas con el aval del Estado y de la Justicia en la mayoría de los casos. El terrateniente Luciano Benetton que entre 1991 y 1997 acumuló en la Patagonia 900.000 hectáreas. Lo que equivale casi cuarenta veces a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. O el magnate ingles Joe Lewis que al ser el dueño y señor de todas las tierras que rodean el Lago Escondido de hecho se apropio del lago entero.
Ante la situación de toma de tierras por las familias desposeídas la Unión de Trabajadores de la Tierra -la organización nacional de familias pequeño productoras y campesinas- fijo su posición en un comunicado. En el mismo destacan que: es acceso a la tierra para vivir y producir es un derecho y que la ocupación de tierras son un conflicto social y no un problema de seguridad.
El comunicado
Mientras ciertos sectores políticos y mediáticos insisten en criminalizar y estigmatizar a quienes, ante la falta de tierra y vivienda digna, se ven obligadxs a llevar adelante medidas extremas, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra volvemos a decir: ¡LA TIERRA ES UN DERECHO!
Las tomas de tierras, como las ocurridas recientemente en la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia, NO son un problema de seguridad, sino un grave conflicto social. Vemos con preocupación el resurgimiento de discursos racistas y xenófobos ante quienes luchan por una vida digna.
En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeñxs productorxs que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. A esto se suma la aplicación insuficiente de la Ley 26.160, que suspendió los desalojos de territorios de comunidades indígenas y ordenó realizar un censo en todo el país con objetivo de restituir y reconocer sus derechos ancestrales sobre la tierra. Del otro lado, el mercado inmobiliario y el agronegocio puja por las tierras para hacer sus propios negocios, considerando a los bienes comunes como una mercancía, y privando a los sectores populares de su derecho a una vivienda digna, y la posibilidad de tierras para que lxs pequeñxs productorxs produzcamos los alimentos.
El Estado debe intervenir para garantizar el #DerechoALaTierra para todas las familias argentinas y escuchar sus demandas, entendiendo que la falta de acceso a la tierra y vivienda digna es uno de los conflictos centrales en nuestro país que requiere de una mirada amplia que vaya más allá de las respuestas punitivas.
Una vez más, volvemos a exigir el pronto tratamiento y aprobación de la #LeyDeAccesoALaTierra y gritamos: ¡LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA!