El cuadro de persecución que el Estado viene desplegando sobre Milagro Sala se agrava debido al delicado estado de salud de la referente social. El gobierno jujeño de Gerardo Morales y el Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández serán los máximos responsables de su futuro. Fresca está la memoria sobre el acoso judicial que sufrió Héctor Timerman y que le costó la vida, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La dirigente social que fue internada el lunes de urgencia y se le diagnosticó una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda sufre -aparte de su prisión- el hostigamiento policial pese a su delicado estado de salud.
Desde su internación, personal policial permanece dentro de la habitación donde se encuentra Sala, escribiendo todo lo que se escucha, sacando fotos, filmando y reportando por teléfono todo lo que ocurre. De esta manera también se impide cualquier tipo de intimidad con su familia y con el personal médico que la atiende, según informaron allegados a la dirigente.
Milagro Sala se encuentra con prisión preventiva desde hace casi 7 años (número que triplica al máximo permitido por ley), por una causa por “tumulto” durante una protesta de la agrupación Tupac Amarú contra el gobernador radical Gerardo Morales.
Cabe acotar que, en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel, sin tener en cuenta lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado argentino proteger su integridad física y psíquica.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó hoy a la Corte Suprema de Justicia y a autoridades judiciales de Jujuy que dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento contra Milagro Sala y se cumplan las medidas de protección dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.