El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La Ley 25.779, promulgada en septiembre de 2003, fue una de las primeras políticas por Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el presidente Néstor Kirchner. Se abría así una nueva etapa en la historia argentina, poniendo fin a décadas de impunidad.

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.