El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La Ley de Punto Final (23.492) había sido promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

La Anulación

La Ley 25.779, promulgada en septiembre de 2003, fue una de las primeras políticas por Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el presidente Néstor Kirchner. Se abría así una nueva etapa en la historia argentina, poniendo fin a décadas de impunidad.

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación /Agenda del Sur