A su insistente campaña anunciando que de ser presidenta suprimirá derechos esenciales de los trabajadores -la candidata presidencial de Juntos por el Cambio- sumó ahora su amenaza contra las personas privadas de su libertad. Propone registrar las conversaciones de los /las detenidas con sus representantes legales. Esta propuesta es impracticable en un estado de Derecho, salvo que renuncie al mismo e instaure un Estado totalitario que vulnere las garantías básicas como el derecho de defensa.

Además es inconstitucional porque va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, con rango constitucional desde 1994. Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se explayo en @pagina12 sobre esta aberrante propuesta.

 Fuente: CELS