Fue por hablar en asambleas y cortes de ruta. Fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, una multa de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión. El gobierno provincial pidió que se lo declarara culpable por instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y motín.
El poder judicial jujeño avaló este pedido, en una nueva muestra de falta de autonomía e incumplimiento de sus deberes de control. La persecución penal a abogadxs es un grave precedente de criminalización de defensores de Derechos Humanos.
“Junto a otras organizaciones informaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Naciones Unidas, instancias que reclamaron por la no criminalización de manifestantes en Jujuy” , anunciaron desde el CELS.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales
