(Opinión). Por Marcelo Ramal. El accidente ferroviario de Palermo se ha metido en la crisis política. En primer lugar, porque reveló de un modo brutal el carácter ficticio de la estabilización económica que Milei y Caputo prometen a los especuladores internacionales, como garantía de sus operaciones con la deuda pública argentina.

El “equilibrio fiscal” se ha dibujado a costa de la liquidación de las jubilaciones, de la postergación de pagos y del virtual colapso de la infraestructura estatal que debe asegurar la circulación económica en el país. El tren del ferrocarril San Martín marchaba “ciego” por sus vías, por el deterioro del sistema de señales. Una irregularidad de este carácter pone en tela de juicio la condición de todo el ferrocarril suburbano, que funciona diariamente con cancelaciones, demoras e interrupciones que no trascienden pero que conocen muy bien sus usuarios y trabajadores. En el primer cuatrimestre del año, el Tesoro recortó en un 60% sus transferencias al sistema ferroviario. En el caso de la Administradora de inversiones (ADIF), el recorte llegó al 92%, esto es, a la desaparición de cualquier recurso. Pero los ferrocarriles no son el único caso: las deudas del gobierno con el sistema de eléctrico han sido discutidas incluso en las oficinas del FMI. Es que las empresas generadoras amenazan con un defolt de la energía, aún a pesar de los gigantescos tarifazos en curso. Para “atenuar” esa perspectiva, está la feroz recesión industrial y comercial, que ha bajado el consumo de energía -pero que anticipa a cortísimo plazo un derrumbe de la recaudación fiscal. El descarrilamiento, como se ve, no sólo tiene lugar en las vías.

“Continuidad”

Pero el siniestro del ferrocarril San Martin ha servido también para sacar a la luz otra cuestión: para perpetrar este vaciamiento, Milei se ha servido de un elenco de funcionarios provenientes del kirchnerismo y del massismo -en algunos casos, con años y décadas de servicio en la administración pública o el sistema ferroviario. El director de la operadora de los trenes suburbanos -SOFSE- es Luis Luque, antiguo funcionario de la empresa y candidato del massismo en 2017. El director de ADIF, Marcelo Krajselman, fue funcionario del ministerio del interior con Cristina Kirchner. Patricio Guilligan, otro de los actuales mandamases del sistema ferroviario “libertario”, “fue funcionario público durante las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei” (LN, 5.11). Milei ha tercerizado la gestión del ferrocarril en buena parte del elenco de la gestión Fernández-Massa. La viga maestra de esa gestión ha sido clara: por un lado, mantener en estado vegetativo al sistema de trenes de pasajeros, que transporta a la clase obrera del conurbano en condiciones deplorables. Por el otro, priorizar la inversión en los ramales que sirven al complejo agroexportador. En el recorte ya mencionado del primer cuatrimestre de este año, el rubro menos castigado ha sido, precisamente, el del ferrocarril Belgrano Cargas.

La gestión “nacional y popular” del ferrocarril fue parida por accidente, o mejor dicho, como consecuencia de crímenes y masacres: el kirchnerismo sostuvo durante años al régimen de concesiones parasitarias del menemismo, hasta que estalló por los aires a partir de dos episodios brutales: en primer lugar, el asesinato de Mariano Ferreyra, en medio de las luchas de los ferroviarios tercerizados contra el trípode corrupto de la burocracia sindical, los concesionarios y el Estado; y luego, la masacre de Once, que puso de manifiesto el estado calamitoso al que condujo al ferrocarril aquel régimen de precarización y vaciamiento. Empujado por una crisis mayúscula, el kirchnerismo improvisó una renovación parcial de las formaciones. Pero la desinversión y la falta de mantenimiento posteriores aceleraron una degradación posterior. La masacre presupuestaria de Milei ha precipitado las cosas. Pero el “descarrilamiento” ferroviario antecede al libertario.

La privatización

El sistema ferroviario ha sido incluido en el famoso “Anexo” de las privatizaciones de la Ley Bases, mediante un “régimen de concesiones”, que es el único que admitirán los capitalistas interesados en el manejo del ferrocarril. Es el `retorno a los 90´-y a los 2000 de Néstor y Cristina. Implicaría, por un lado, la entrega de las operaciones del tren suburbano a concesionarios que sólo se harían cargo, o con un régimen de subsidios, o con tarifazos incluso mayores a los actuales. Esos operadores privados exigirán “independizarse” del mantenimiento y la inversión, que deberá seguir siendo abordada por la “Administradora estatal de Inversiones ferroviarias”. (En todo caso, esos mismos concesionarios ofrecen sus talleres de mantenimiento para que las contraten con fondos públicos y por cuerda separada, como ocurre con el grupo Roggio). Esa privatización o concesión también exigirá como condición una escalada de despidos, y otro golpe a las condiciones de trabajo de los ferroviarios.

El falso “accidente” de Palermo pone de manifiesto el carácter letal del gobierno Milei. Pero también sus lazos de todo orden con los intereses sociales y el personal político de los anteriores vaciadores del ferrocarril. El sistema ferroviario son las dañadas “venas y arterias” de un régimen capitalista en completa decadencia, al que el libertarianismo sólo le podrá agregar los clavos al cajón. Ese régimen corrupto y descompuesto debe ser reemplazado por un gobierno de trabajadores.

Fuente: Política Obrera