La denuncia por violencia de género Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández generó un terremoto -como era de esperar- en gran parte de la sociedad. Los trabajadores y los sectores populares venimos padeciendo una violencia inusitada desde la asunción del actual gobierno. Despidos, suspensiones, tarifazos, inflación, la comida a precios imposibles; represión a quienes protestan y el permanente discurso de odio que genera más odio. Toda esta violencia no podrá ser tapada por esta denuncia en cadena nacional de la agresión, que todavía deberá ser probada, de Fernández contra Yañez.
Todo quien ejerza violencia extrema -comprobada- contra una mujer debe ser lapidado. Alberto Fernández ya lo fue, sólo basto, la acusación mediática. Una parte de la sociedad ganada por el poder de los medios ya manifestó su condena. Pero como en cualquier orden para tomar una postura tan absoluta, sería necesario conocer todos los hechos reales.
Sobre todo, por nuestra experiencia de los últimos años donde fuimos avasallados por operaciones diseñadas, desde el poder político en complicidad del poder judicial y mediático para condenar socialmente y juricamente a opositores y empresarios inocentes con historias y causas armadas.
Basta, recordar algunos de aquellos casos más notorios.
“La Morsa es Aníbal”.
Pocos días antes de las elecciones nacionales de 2015 una causa tomó una notoria relevancia pública cuando en el programa de Jorge Lanata por Canal 13, un ex socio del asesinado Ferrón, el ex policía José Luis Salerno, declaró haber vendido efedrina a Pérez Corradi”. En ese reportaje –grabado en el domicilio particular de la por entonces diputada nacional Elisa Carrió- Salerno contó que Pérez Corradi le habló de un personaje que habría estado detrás de los asesinatos apodado “La Morsa”, y que “La Morsa” era Aníbal Fernández. Está operación logró su objetivo, Aníbal Fernández, perdió la elección. Años después se demostró la falsedad de la acusación, pero ya era tarde.
La condena a Amado Boudou.
Alejandro Paul Vandenbroele -cuya declaración fue fundamental en el juicio Ciccone por el cual el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a prisión- recibió fondos públicos de manera irregular- para poner un hotel en Mendoza. El rol de el Programa de Protección de Testigos para direccionar a los arrepentidos. El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou
Los cuadernos de ¿Centeno?: Guardados, quemados, resucitados y truchados.
Las irregularidades en torno a esos famosos anotadores que se conocieron desde que comenzó el caso hasta hoy revelan que todo se trató de una gran maniobra político-mediático-judicial para profundizar la persecución de opositores y extorsionar empresarios. En la investigación se descubrió que Centeno-quien se había adjudicado la autoría- no escribió solo sino que participó el ex policía Jorge Bacigalupo.
También la denuncia del empresario Loson reveló más de 1.600 irregularidades en las fotocopias de los cuadernos que aportó el periodista Cabot. Las versiones de Centeno, que dijo que los quemó, pero luego volvieron a aparecer.
Estos son sólo algunos de los casos más resonantes de las maniobras del poder político-mediático-judicial para profundizar la persecución de opositores y extorsionar empresarios.
También sería necesario conocer de donde obtiene los recursos Fabiola Yáñez para afrontar su vida, que como se sabe no es una persona de fortuna. Vive desde que se separó de Alberto Fernández, en el exclusivo barrio de Salamanca, de Madrid: “el más caro de España”, según revelaron en canal América TV.
Por último, el juez Ercolni, tenía la información del caso desde tres meses, porque no accionó inmediatamente y lo hizo en la semana más negra para el gobierno por el impacto negativo de la economía.
Todo lo expuesto no exime en nada a Alberto Fernández. Si se demuestra que es culpable debe recibir la pena de la justicia. La lapidación social ya la tiene.
Raúl Espíndola / Agenda del Sur