La hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa. Se reaviva el escándalo de corrupción.
La renuncia de Ornella Calvete, hasta ahora directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía, volvió a poner en el centro de la escena el escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Milei.
Su renuncia se concretó el jueves pasado, casi un mes después de que la Justicia allanara el domicilio de Calvete y encontrara 700.000 dólares en efectivo y otras divisas, junto a documentos y dispositivos electrónicos. La funcionaria, de peso en la cartera que conduce Luis Caputo, presentó su renuncia en medio de la conmoción política y judicial. El propio Ministerio de Economía confirmó la salida inmediata de Calvete, que además representaba al Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Detrás del portazo, la investigación judicial revela la conexión directa de Calvete con el circuito de coimas que atravesaba la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los chats incorporados al expediente muestran cómo gestionaba reuniones con empresarios del sector ortopédico y discutía con su padre, Miguel Ángel Calvete—empresario con pasado en cámaras de supermercados y distintos antecedentes penales—cómo justificar la tenencia de semejantes sumas.
Miguel Ángel Calvete, exvocero de los supermercados asiáticos y exconcejal de La Matanza, hoy condenado por prostitución. Con pasado ligado a los carapintadas y vínculos con la causa AMIA, se reivindica peronista pero en los últimos años se acercó al PRO.
Mencionada en chats dentro del dictamen del fiscal Franco Picardi, en una de las conversaciones le dice a su padre (a quien tenía agendado como Carmela Vivaldi) que si todo sale bien, le compra “un tambo, una granja, lo que quieras”. A lo que el padre responde: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Toda una postal del funcionamiento cotidiano de los negocios entre funcionarios y el sector privado.
Los chats que constan en el informe del fiscal Picardi
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales. Las “Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia” (PACBI) —operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades “raras”— eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (ex titular de la ANDIS y amigo personal de Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, “Lule” Menem y otros miembros del círculo presidencial.
Para los de arriba, negocios y sobreprecios; para los de abajo, recortes brutales en pensiones y medicamentos para las personas con discapacidad. Mientras tanto, el ajuste y la motosierra oficial seguían su curso, con más de 110 mil pensiones suspendidas y auditorías truchas para justificar el saqueo.
La saga de la ANDIS muestra, una vez más, que la corrupción no es una manzana podrida sino parte estructural del Estado capitalista. Milei y compañía montaron un show “anticasta” para arremeter contra salarios, puestos de trabajo y hasta la salud pública, mientras los contratos millonarios con las grandes droguerías como Suizo Argentina—la que más factura al Estado y ya está acostumbrada a acumular expedientes judiciales—dejaban retornos suculentos para los funcionarios.
El caso de Calvete es apenas la punta de un iceberg. La fiscalía señala su rol manejando hilos de la ANDIS desde afuera y conectando el organismo con el circuito de las droguerías, en complicidad con otros operadores como el médico Pablo Atchabahian y funcionarios puestos a dedo para concretar estas maniobras. Todo con la impunidad que da saberse parte del entramado de poder.
Fuente: laizquierdadiario.com/
