Milton Iván Tolomeo es uno de los acusados de haber arrojado una supuesta bomba molotov contra el vallado policial durante la represión frente al Congreso el 11 de febrero, mientras se debatía la reforma laboral, un paquete de leyes de un retroceso histórico para la clase trabajadora. Se trata, según la imputación, de un hecho aislado en el marco de una protesta donde, como registraron los medios alternativos, la represión policial comenzó antes de que se produjeran la respuesta de los manifestantes lanzando objetos. Pese a que la fiscalía intentó aplicar el agravante por “acto terrorista” previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal, el juez de la causa Jorge Rua descartó esa calificación de inmediato. Es decir, está acusado por delitos comunes, no por “terrorismo”. Aun así, el caso fue presentado públicamente por el gobierno como si se tratara de un “terrorista internacional” y sus condiciones de detención son extremas y desproporcionadas. Entrevistamos a sus compañeros, amigos que nos describieron a una persona sensible y pendiente de los demás. Milton otro preso político. Por Federico Hauscarriaga (ANRed) y Juliana Díaz Lozano ( Huellas del Sur)*
Desde el 15 de febrero, cuando fuerzas de seguridad allanaron su casa hasta el 19 que fue el último contacto con su defensa, Milton quedo prácticamente incomunicado. Luego fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, al Módulo 6 destinado a personas consideradas de “alto riesgo”, allí sus abogados pudieron verlo apenas unos minutos el 6 de marzo. “Es un Guantánamo en Buenos Aires”, resume Eva, su compañera. El encuentro se realizó en un cubículo de dos por dos, separado por un vidrio blindado, con doble cerradura y custodiado por agentes penitenciarios sin identificación y con el rostro cubierto por pasamontañas. Como recuerda la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, un agente les advirtió antes de retirarse: “Disculpe, vamos a tener que cerrar por afuera”. Aquella escena sintetiza el nivel de aislamiento impuesto al detenido: ni sus hermanos ni su compañera han podido visitarlo ni enviarle mercadería para saber cómo se encuentra.
Verdú explica: “Las graves condiciones de detención que enfrenta Milton no fueron decididas por el poder judicial, sino por el poder ejecutivo, lo que hace aún más escandalosa la situación”. Es decir, fue el Ministerio de Seguridad Nacional el que definió que Milton fuera integrado en el Sistema de Gestión Integral de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo. Además, es la primera vez, desde la sanción de las primeras leyes antiterroristas, al menos en el ámbito de Ciudad y Nación, que el ministerio público fiscal insta su aplicación contra un manifestante. La criminalización de la protesta da un salto con este caso, que implica un régimen de detención “que empalidece a Bukele mismo” y “supera por lejos todas las gestiones anteriores”, como define la abogada defensora.
Este contacto con Milton recién fue posible el 6 de marzo, luego de reiterados reclamos judiciales y con la intervención de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Incluso el juez de la causa debió advertir al Servicio Penitenciario Federal que podría denunciarlo por desobediencia si continuaba impidiendo el contacto con la defensa. La reunión duró apenas media hora y se realizó detrás de un vidrio blindado, con prohibición de mostrar documentos, tras requisas y escaneo corporal a las abogadas. “Nos encerraron en un locutorio de dos por dos con candado; para salir tuvimos que tocar un timbre interno hasta que alguien viniera a abrir”.
Quienes conocen a Milton describen una historia muy distinta. Trabajador precarizado durante años, había logrado cierta estabilidad laboral en la fábrica de sanitarios Ferrum hasta que perdió ese empleo tras el cambio de gobierno. “Ahí teníamos un poco de orden en la economía. A veces salíamos a comer afuera, estábamos más tranquilos”, recuerda Eva. Después vinieron los trabajos temporarios y tercerizados: limpieza, changas, cocina en restaurantes. “Él sentía la frustración de tener laburos de mierda, volver a cualquier hora por dos mangos”, cuenta. Con esfuerzo armó un pequeño consultorio para trabajar como masajista deportivo por cuenta propia.
Sus compañerxs de la asamblea de Lanús (aunque Milton también tiene fuertes vínculos en La Paternal por su familia) lo recuerdan por su disposición a las tareas de cuidado y organización en movilizaciones. Además de masajista, se formó como socorrista y sabe realizar maniobras de RCP y primeros auxilios. “Siempre estaba atento a cuidar a los demás, sobre todo cuando había riesgo de represión”, dicen. En la asamblea aseguran que la acusación de terrorismo resulta ridícula: “Era un tipo sereno, siempre sonriente, muy sensible a las injusticias”.
La campaña oficial, sin embargo, avanzó en sentido contrario. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió dos spots en el que se lo presenta como un peligroso extremista. Otro video difundido por medios afines al gobierno muestra a Milton trasladado con casco y chaleco antibalas, en una escena que su compañera describe como un show grotesco.
Para María del Carmen Verdú, “La prensa hegemónica funciona como caja de resonancia del discurso oficial, que pretende, a través de los varios videos de propaganda del Ministerio de Seguridad reproducidos al infinito, equiparar a quien protesta contra las políticas antipopulares del gobierno con peligrosos terroristas internacionales”. Y compara este caso con el de Nicolás M., dibujante y trabajador universitario, encarcelado hasta el día de ayer, por publicar un dibujo, y estigmatizado como poseedor de un “arsenal” de armas de guerra, cuando se trataba de réplicas de juguete que colecciona y usa en sus instalaciones artísticas.
Durante el allanamiento policial a la casa de Milton y Eva se exhibieron como “pruebas” un bidón con alcohol en gel, un pañuelo verde y material anarquista. El alcohol en gel era utilizado por Milton para su trabajo como masajista deportivo profesional. Por su parte Eva nos explica que los otros objetos le pertenecen a ella: “La carpeta con textos anarquistas, con stickers de ositos y corazones, es mía. También el pañuelo”. Cuenta que desde la adolescencia simpatiza con el anarquismo y que con Milton a veces leían y debatían juntos. “Él es muy sensible a lo social. A veces llegaba y me contaba que había ayudado a alguien que vivía en la calle o a una jubilada. Se ponía mal y me decía: ‘¿Cómo podemos vivir así?’”.
Mientras tanto, Milton permanece alojado en el sistema especial para detenidos considerados de alto riesgo, creado en 2024 por el Ministerio de Seguridad. Pasa alrededor de 20 horas diarias encerrado en su celda y tiene apenas cuatro horas de recreo. Según la defensa, Milton aprovecha ese tiempo para leer y organizar ejercicios físicos con quienes comparten el patio.
En este contexto, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional denunció recientemente el rechazo y archivo de un habeas corpus presentado el 26 de febrero, en el que se advertía sobre las condiciones de aislamiento extremo. La organización cuestionó que el recurso haya sido archivado por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora tras una audiencia telefónica con el detenido, sin convocar a las defensoras que lo presentaron. La apelación, ante la Cámara Federal de La Plata, hasta hoy no ha dado noticias. Para la defensa, se trata de una grave vulneración de garantías procesales y de un antecedente alarmante en democracia.
Mientras el expediente sigue su curso judicial, para su familia y sus compañerxs la situación es clara: Milton permanece preso en condiciones excepcionales por una acusación desmesurada, en medio de un clima político que busca criminalizar la protesta social. “Lo tratan como a un terrorista (dice Eva), pero quienes lo conocemos sabemos que es todo lo contrario”.
Paralelamente a las iniciativas de lxs abogadxs, diversos organismos presentaron amicus curiae, entre ellos el CELS y APDH. Y desde la defensa se gestionó la intervención de la Procuración Penitenciaria Nacional, cuyos funcionarios visitan regularmente a Milton. A su vez se está impulsando una amplia campaña solidaria por la libertad de Milton a instancias de la Comisión por la Libertad de los Presxs Políticxs, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. El caso de Milton da cuenta de un proceso creciente e inédito de criminalización de la protesta en el marco de un avance virulento contra las condiciones de vida del pueblo.
*Medios pertenecientes a la Red de Medios Alternativos.
Fuente: Anred / imagen de tapa: Romina Vermelha
