El 29 de marzo de 1976 el Ejército Argentino junto con la Policía bonaerense atacó la quinta La Pastoril, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, donde el PRT ERP realizaba un congreso. En la reunión había unas 70 personas, entre ellas militantes de organizaciones latinoamericanas. A causa de la embestida siete personas murieron y otras cinco fueron detenidas y luego desaparecidas. La quinta fue señalizada en marzo de 2018, como lugar de la memoria.
La masacre
Los hechos tuvieron lugar el 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe de Estado cívico militar, en la quinta “La Pastoril”, de Moreno, cuando se llevaba a cabo una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), momento en que irrumpieron integrantes del Ejército y de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Durante el ataque, cuatro personas resultaron muertas en la quinta a raíz de los disparos de armas de fuego: María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez. Otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir a bordo de un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas: Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez. El niño Eduardo Garbarino Pico, quien se encontraba con ellos en el vehículo, fue privado de la libertad. Los cuerpos sin vida fueron conducidos a la Comisaría 1º de Moreno para luego ser enterrados como “NN” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Años después, fueron exhumados e identificados.
En el contexto del operativo ilegal, al menos siete personas -Rodolfo Ortiz, Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena, Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault- fueron privadas ilegalmente de su libertad y tuvieron diferentes destinos. Ortiz y Herrera fueron asesinados, mientras que Del Gesso y Elena permanecen desaparecidos.
El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a prisión perpetua a cuatro exmilitares y a penas de 19 y 20 años de prisión para dos expolicias.
Para la justicia los hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad. En el caso se juzgó un ataque conjunto realizado por militares y policías cinco días después del golpe de estado. Los condenados revistaban en la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo y la Comisaría 1° de aquella localidad.