Así lo refleja un documento del Registro de la Propiedad Inmueble. El jefe de Gabinete continúa en el centro del debate público por presuntos hechos de corrupción. Amplían la denuncia contra Adorni y piden citar a escribana por compras inmobiliarias bajo sospecha. Piden relevar todos los viajes de Adorni desde 2023 y cruzar datos migratorios en la causa por presunta malversación.

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de que se dieran a conocer los detalles de su compra de un departamento en Caballito por un total de u$s230.000. Según consta en el Registro de la Propiedad inmueble, el departamento era propiedad de dos jubiladas que, además de figurar como vendedoras, también figuran como acreedoras ya que le prestaron el 87% del monto total de la operación.
La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Según refleja el documento, ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de u$s200.000, donde cada una aportó el 50% del préstamo que le permitió al funcionario completar la compra del inmueble.
Adorni y un caso que salpica al Gobierno.
Ese mismo mes, Adorni compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Cabe destacar que esa vivienda figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, quién también se vio afectada por las denuncias alrededor del vocero luego de su viaje a Nueva York a bordo del avión presidencial.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la figura clave del armado de La Libertad Avanza no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó sospechas sobre la evolución de su patrimonio desde que llegó a la función pública.
Según consignó el medio La Nación, ambas jubiladas involucradas en el caso, negaron conocer al funcionario público.
A raíz de esto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al vocero presidencial por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre los medidas solicitadas figuran oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de detectar activos que no hayan sido declarados por Adorni o su esposa.
La fiscalía justificó el pedido ya que entiende que hay “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial”.
Fuente: /www.ambito.com/

