El Juzgado Federal N° 2 de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez de junio de 1956 fueron crímenes de lesa humanidad. En un fallo histórico, la Justicia responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, ordenando medidas de reparación y su registro oficial. En un juicio por la verdad, se dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.
Se estableció que los asesinatos y persecuciones llevados a cabo en los basurales bonaerenses constituyeron crímenes de Estado, evitando así su prescripción. El fallo ordenó al Estado incorporar a todas las víctimas en el Registro Oficial de Violencia Institucional.
Se determinó la creación de un espacio conmemorativo en los predios históricos de José León Suárez y la instalación de placas en los lugares donde se produjeron las detenciones y fusilamientos.
Los hechos, popularmente conocidos a través de la investigación periodística Operación Masacre de Rodolfo Walsh, involucraron el fusilamiento clandestino de un grupo de civiles tras el levantamiento cívico-militar liderado por el general Juan José Valle.
