Más de 100 personas fueron expulsadas ayer de sus viviendas en el barrio porteño de La Paternal por las fuerzas de la Policía de la Ciudad. Sin orden ni preaviso, la fuerza llegó, valló la zona y no dejó pasar a nadie más: ni de entrada ni de salida. Eran las 6 de la mañana del jueves 23 de abril. Unas horas después, ante la angustia y el arrebato del gobierno, algunas vecinas y vecinos fueron golpeados y gaseados. Y tres fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridad.

Por ANRed. Las cinco propiedades ubicadas en la esquina de las calles Andrés Lamas y San Blas, en el barrio porteño de La Paternal, fueron desalojadas. En las viviendas de propiedad horizontal vivían decenas de familias. Algunas, durante más de 25 años; otras, desde hacía más de 30; e incluso encontramos a una mujer que declaró que habita el inmueble desde hace más de 40 años.
El modo en que los medios de comunicación comerciales y hegemónicos cubrieron la noticia no sólo es injusto, sino que falta a la verdad, justificando un procedimiento abusivo y violento del Gobierno de la Ciudad. Sobre la supuesta usurpación, pusieron de relieve las causas penales que algunas de esas personas tenían, volviendo a condenar al ya juzgado, rotulando de «peligrosas» a decenas de personas por el solo hecho de ser sus vecinos. El plan: reforzar la idea de que toda persona que está habitando un inmueble que no es suyo es potencial ocupa y, por ende, criminal.
Excusas para la medida de fuerza. Salieron a justificar el procedimiento con la excusa de que algunos habitantes de los inmuebles tienen antecedentes penales. Como si eso fuera razón de fuerza para desalojar a decenas de familias. Para el procedimiento, completamente irregular, tampoco enviaron preaviso.
En muchas familias hay niños y niñas que, de acuerdo a la precaria respuesta que el gobierno les ofreció, interrumpirían su educación de cuajo, ya que el traslado a paradores en el barrio porteño de Constitución volvería impracticable su asistencia en las escuelas donde ya han armado comunidad de referencia. Los 150 mil pesos que les ofrecen a cada uno sabemos que no sirven para nada. Y que la opción del parador para una familia entera es inviable.
Todas las familias son porteñas. No es verdad que son delincuentes ni ocupas. No a la estigmatización de personas trabajadoras, quinta generación que vive en el barrio. Basta de desalojos y al negocio inmobiliario.
Fuente: anred.org/ Foto: Marcos Sierras.

