Diversas organizaciones  gremiales, sociales y de abogados/as convocaron a una nueva movilización al Palacio de Tribunales porteño para el martes 1 de febrero a las 18 horas, bajo la consigna “Basta de Injusticia y Lawfare”. Tendrá réplicas en distintos tribunales del país.

Los gremios convocantes son el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SitrajuRA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica),  la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE),  entre otras organizaciones.

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, dijo que tras la marcha del 1 de febrero -convocada frente a la Corte Suprema de Justicia en contra del funcionamiento de gran parte del Poder Judicial y para pedir “el fin del lawfare”- se conformará un frente multisectorial para pedir y respaldar la reforma judicial.

Así también, el juez Juan María Ramos Padilla, quien también encabezará  la convocatoria de la marcha del 1 de febrero para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  expresó en distintos medios de comunicación:

Tenemos una Corte que ha permitido barbaridades. El Poder Judicial ya hizo un golpe de Estado al poner en vigencia una ley que fue derogada, al darle órdenes al Poder Legislativo por el Consejo de la Magistratura. Hemos visto como uno de los cortesanos se nombra como presidente de un Consejo de la Magistratura diseñado como ellos quieren, poniéndole plazo al Congreso para que dicte una ley.

 La Corte se ha metido con leyes muy importantes para el ciudadano común como la ley que declara públicos a los servicios telemáticos. Aparecen jueces que dicen: señor Clarín, señor La Nación, señor Magnetto, pongan los precios que quieran.

La Corte se mete en asuntos del Poder Ejecutivo al decirle que no puede ordenar por motivos de salud la no presencia de los chicos en las escuelas. También al decirle que no puede poner la tarifa social de internet.

Uno de los poderes del Estado está en manos de un grupo mafioso, vimos en televisión como armaban las causas, las pruebas sobran. La Corte sabía perfectamente lo que estaba pasando y dejó hacer. Un juicio laboral dura años y acabamos de ver un grupo de atorrantes que involucra a la AFI, miembros del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, diseñando cómo iban a hacer para modificar las leyes laborales y para meter presos a sindicalistas.