¿Qué país necesitamos las Pymes?. En coincidencia con una nueva instancia de elecciones presidenciales en la Argentina, como entidad de empresarias y empresarios comprometidos con el destino de la Nación, volvemos a advertir que, tal como sucedió en 2015 y en 2019, en este año electoral se juega un posible cambio de rumbo sustancial en las políticas económicas y sociales, como lo advierte la fuerte ofensiva del conjunto del poder económico junto con sus voceros políticos y mediáticos.
En reuniones públicas recientes, esos sectores expresaron su intención de recrear la receta de un «Estado mínimo», que se limite a desregular la economía, abrir los mercados y facilitar la especulación y la inserción subordinada del país al contexto internacional, mediante un modelo extractivista, excluyente en lo social y de creciente pérdida de la soberanía nacional.
La alternativa a esas políticas, que ya se llevaron a cabo en nuestro país con pésimos resultados, pasa por profundizar un proyecto de desarrollo inclusivo, con un crucial papel del Estado en la planificación y regulación de los factores productivos.
En apyme tenemos la convicción, avalada por 36 años de acción y propuestas en el ámbito gremial empresario, de que no es posible ni deseable el bienestar de una minoría a expensas del conjunto de la población. Por este motivo, hemos decidido emprender una campaña pública bajo el lema ¿Qué país necesitan las pymes?
El principal objetivo de esta acción es visibilizar las problemáticas del sector poniendo de manifiesto que sólo pueden abordarse en el marco de un programa de políticas públicas que ubiquen el trabajo, la industria nacional y el entramado pyme como motores de una Argentina productiva.
Esperamos que esta propuesta facilite el intercambio y el debate con los candidatos y candidatas de las distintas fuerzas políticas, así como con las demás organizaciones sociales y empresariales.
Lo hacemos desde la convicción de que es preciso y posible construir alternativas superadoras para consolidar y ahondar un proceso de transformaciones hacia una Argentina con una equitativa distribución de la riqueza, desarrollo inclusivo, democracia, integración y soberanía nacional.
Buenos aires, 15 de mayo de 2023. Comisión Directiva Nacional.
El Comunicado completo la institución
UNA ARGENTINA:
CON UN MERCADO INTERNO FUERTE Que proteja el poder adquisitivo de la población y controle a los formadores de precios.
Las mipymes proveen principalmente al mercado interno, solamente el 10% de ellas son exportadoras. De ahí la relevancia que se asigna al fomento, sostenimiento y crecimiento de ese mercado para permitir el desarrollo de las empresas.
El empleo formal y estable, con mejores salarios, que favorezcan el crecimiento del poder adquisitivo de la población, es el principal motor del crecimiento de la demanda local, y por lo tanto del conjunto de las pymes.
Ante el accionar arbitrario y abusivo de los sectores concentrados formadores de precios, es necesario apoyar, acompañar y profundizar la indispensable
intervención del Estado para garantizar los intereses tanto de los productores como de los consumidores, sistematizando controles y aplicando las leyes de protección al consumo y de abastecimiento, particularmente en la producción de bienes de la canasta básica y en los insumos difundidos.
Deben adoptarse medidas para desacoplar los precios internacionales de los precios internos y poner límites a las actitudes extorsivas de sectores de grandes exportadores con incidencia en las cadenas de valor, que finalmente determinan incrementos de precios y el alza los índices de inflación.
PRODUCTIVA
Que priorice a las pymes, las cooperativas
y las economías regionales.
Revisar de modo integral la caracterización de las micro, pequeñas y medianas empresas con vistas a su correcta segmentación a efectos de adoptar políticas públicas adecuadas para su fomento. La promoción y la asistencia a estas empresas en el mediano y largo plazo tiene un carácter fuertemente estratégico.
Impulsar un proyecto de Ley de fomento mipyme, contemplando la creación de un organismo federal con rango de ministerio, para motorizar al sector como herramienta de desarrollo económico sustentable.
El organismo que fomente, desarrolle y proteja al sector que comprende a las pymes, la economía solidaria y los emprendimientos autogestionados, debe tener rango de ministerio. Impulsar la defensoría mipyme, que actúe ante problemas en la aplicación de leyes, decretos y resoluciones en los distintos niveles de administración.
Proteger las producciones locales de bienes y servicios para fomentar el arraigo en el territorio, favoreciendo el crecimiento y desarrollo del interior del país. Revertir la extranjerización y concentración de los principales sectores industriales, para evitar los efectos monopólicos y oligopólicos que hoy ejercen sobre la actividad económica.
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INDUSTRIALIZADA
Que avance en la sustitución de importaciones y las exportaciones con valor agregado.
Profundizar un proceso de reindustrialización requiere avanzar en un plan integral con un fuerte papel del Estado y participación de todos los sectores productivos. Mientras, es preciso implementar el control selectivo de importaciones, priorizando las necesidades de la producción nacional y las pymes, mediante soluciones rápidas y de fácil gestión ante las dificultades coyunturales, como la escasez de divisas y las trabas a la importación de insumos y equipos.
Esto implica continuar avanzando, sobre la base de un mercado interno robusto, en un proceso coordinado de sustitución de importaciones, con base en la investigación y la innovación tecnológica, favoreciendo la trasferencia hacia el entramado mipyme y apuntalando a los sectores con mayor incorporación de valor y conocimiento.
Impulsar la participación de exportaciones con mayor valor agregado, de manera que el conjunto de la estructura económica se vea beneficiada con mejores puestos de trabajo y nuevas cadenas productivas. Desarrollar las capacidades exportadoras de las pymes para que participen activa y regularmente en el comercio exterior.
Del éxito de este proceso depende comenzar a solucionar el problema de la restricción externa, es decir el desequilibrio estructural de la balanza de divisas, que se repite cíclicamente en nuestro país. La recuperación industrial debe ser acompañada de una modificación en la matriz productiva para revertir la dependencia de las exportaciones de commodities.
EQUITATIVA
Con un régimen tributario más simple, que grave en mayor medida a las grandes rentas y la economía concentrada.
Orientar el sistema tributario hacia la progresividad, disminuyendo la presión sobre el consumo e incrementando los impuestos que gravan la renta y el patrimonio. Establecer regímenes especiales en el impuesto a las ganancias, que establezcan un incentivo fiscal segmentado para favorecer la reinversión de utilidades en bienes de capital e incorporación tecnológica. Las cooperativas y las mutuales son empresas sin fines de lucro, por lo que se propone especificar que no son sujetos de aplicación del impuesto a las ganancias
Revisar las políticas fiscales en todos los niveles. Armonizar el impuesto sobre los ingresos brutos (iibb) y el iva para las pymes hasta tramo I. Esta
tributación tiene un claro carácter regresivo debido a la doble condición de trasladable y acumulable en todas las fases de su recorrido, por lo que resulta necesario reformular los regímenes de retención y percepción vigentes en distintas jurisdicciones, en virtud de los perjuicios que originan los saldos a favor del contribuyente, que resultan irrecuperables en la mayoría de los casos.
Reformular los impuestos patrimoniales, como el inmobiliario, que en muchos casos presentan distorsiones significativas en cuanto a las valuaciones de las propiedades fijadas por distintas jurisdicciones provinciales. Impulsar los proyectos legislativos de creación del «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el fmi» y el «Impuesto a la renta inesperada», de manera de recuperar recursos evadidos devolviéndolos al conjunto de la sociedad.
Denunciar, investigar y desmantelar desde el Estado los mecanismos de evasión y elusión impositiva en todos los sectores de la economía, en particular en los vinculados con las grandes empresas y conglomerados exportadores en diversos rubros.
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CON CRÉDITO PRODUCTIVO
Que oriente el financiamiento hacia la industria, las pymes y la demanda local.
Deben fortalecerse las políticas públicas de financiamiento productivo, teniendo en cuenta la protección del mercado interno, la innovación tecnológica y las economías regionales. Con este objetivo, sostener como política de Estado la incidencia y el desarrollo de la banca pública y cooperativa. Crear un banco de desarrollo nacional, al servicio de la producción local.
Una materia pendiente de la democracia es modificar la actual ley de Entidades Financieras, dándole el carácter de servicio público a la actividad, para limitar la discrecionalidad de las entidades bancarias y orientar el crédito a la asistencia y fomento de las mipymes, estableciendo la obligatoriedad de asignar un porcentaje de la capacidad prestable tanto para la atención de inversiones como de capital de trabajo.
Es necesario avanzar en una mejor articulación con las organizaciones sectoriales y agencias de desarrollo para que las líneas crediticias lleguen de modo eficaz a las empresas que más las necesiten.
De acuerdo con los lineamientos de la reforma de la carta orgánica del bcra, que permitió mejoras en el direccionamiento del crédito hacia las mipymes, restablecer y ampliar las líneas de crédito subsidiadas, con mayores cupos prestables para pymes por parte de la banca privada.
SOBERANA
Que controle y gestione la explotación sustentable de los recursos naturales y las empresas estratégicas.
Ejercer decididamente la soberanía nacional significa preservar la integridad territorial, así como evitar la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la agresión al ambiente, en favor de un desarrollo sustentable.
Es preciso avanzar en la recuperación efectiva de los resortes del Estado en la prestación de servicios públicos, fortalecer y agilizar la obra pública y la inversión en infraestructura, en particular del sistema energético nacional y el transporte, con miras a la competitividad de las producciones locales, la reactivación regional y la creación de puestos de trabajo.
También recomponer la soberanía nacional sobre las cuencas fluviales y marítimas. Debe evitarse una nueva concesión a manos extranjeras de la vía navegable troncal del Río Paraná, propiciando la continuidad de la gestión estatal y participación de las provincias, junto con la puesta en valor del Canal Magdalena.
Desarmar el entramado neoliberal de cesión de recursos y derechos en los centros externos de poder. Analizar cada privatización y concesión que vence para retomar el papel del Estado en la gestión, fiscalización y control de las actividades productivas. Denunciar cada uno de los 58 tratados bilaterales de inversión firmados bajo el menemismo que funcionan como garantía al capital extranjero en contra de los Estados nacionales periféricos con el ciadi como árbitro.
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CON MONEDA FUERTE
Que favorezca el ahorro interno y la disposición de divisas para el comercio exterior.
La soberanía se pone en juego asimismo en la política comercial, financiera y monetaria. Es fundamental que el Estado nacional retome el control y la fiscalización de la cuenta capital para evitar el daño que produce la entrada y salida de capitales especulativos.
También debe acentuarse el cuidado de las divisas, orientándolas a la actividad productiva y la mejora en las condiciones de la economía real. Priorizar de modo explícito el acceso a las divisas para las importaciones de bienes de capital, partes y piezas e insumos de las pymes, siempre que no resulten sustituibles efectivamente por una producción nacional.
Entre otras medidas, es necesario sancionar las maniobras de contrabando, triangulación, re exportación, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; exigir el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de ingreso de divisas al país por parte de los grandes complejos exportadores; prohibir el pago de deudas privadas con las reservas internacionales del bcra; aplicar la «ley 19.359 Penal Cambiaria» y el decreto reglamentario «480 /1995»; desalentar el pago de artículos de lujo importados con las reservas internacionales; regular el turismo exterior.
Junto con la fundamental recomposición de las reservas internacionales, es clave neutralizar/ controlar los movimientos especulativos en función de un mejor manejo de los recursos existentes sin apelar al shock devaluatorio que propician los sectores conservadores, lo que empobrecería aún más al conjunto de la población y perjudicaría a los sectores de la producción y el trabajo.
INTEGRADA REGIONALMENTE Que fomente los mecanismos de intercambio entre las pymes de la América Latina y el Caribe.
Debe implementarse una decidida política de integración regional, especialmente aquella vinculada al sector de las pymes y de empresas nacionales, promoviendo un protocolo de compre nacional y regional.
Fortalecer el Mercosur social, productivo e industrial, sobre la base de una eficiente complementación. Retomar el proyecto de la oficina pyme del Mercosur como ámbito institucional desde el cual coordinar políticas sectoriales y promover la integración, con participación de las organizaciones pymes de efectiva representación en cada país, sumando a la economía social y solidaria.
Sistematizar los sistemas de financiación, capacitación y apoyo técnico y en comercio exterior para estas empresas, estimulando además la asociatividad con este fin. Acentuar la importancia de los nuevos mercados como destino de las exportaciones, de manera de aprovechar las oportunidades de las diferentes economías mundiales.
Ahondar los procesos de cooperación con los brics y otros países emergentes, asegurando la transferencia de conocimiento para las empresas locales en los procesos de intercambio e inversión. Elevar la participación de las producciones regionales, potenciando las capacidades locales en cada provincia.
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JUSTA
Que garantice la igualdad de derechos para todas y todos sus habitantes.
A través de las distintas etapas políticas y económicas en nuestro país se ha verificado la concurrencia de los valores democráticos, los derechos humanos y los derechos sociales con la aspiración a una distribución equitativa de la riqueza y las aspiraciones a la construcción de una sociedad más justa.
El papel de la Justicia es fundamental en este sentido, poniendo límites a las recurrentes acciones del poder económico para vetar las políticas públicas mediante interposiciones de recursos legales que vulneran el legítimo ejercicio del gobierno. Sólo así puede aspirarse a la vigencia plena y la ampliación de derechos y garantías, asegurando la independencia de los tres poderes, así como su adecuado desempeño de acuerdo con la Constitución Nacional.
No puede naturalizarse el accionar de jueces permeables a esos intereses, que avalan o consienten acciones abusivas de los grupos concentrados, amparando la elusión y la evasión al fisco o llevando adelante procesos y fallos sin suficientes fundamentos ni pruebas, a satisfacción de sectores económicos, políticos y mediáticos.
La reconstrucción de la credibilidad en la Justicia es responsabilidad del Gobierno y de todos los sectores sociales, que deben estar representados en la generación de reformas con amplios debates. Es imperioso democratizar la Justicia, asegurando la ecuanimidad, la agilización y el adecuado accionar de este poder de la Nación, que debe ser garante del Estado de Derecho y no agente de su vulneración.
DEMOCRÁTICA
Que garantice trabajo genuino, salud, educación y vigencia de los dd.hh.
Es preciso fortalecer la centralidad del Estado como canalizador de las demandas sociales, promotor de derechos y rector de las políticas públicas. Es el camino para poder alcanzar objetivos de redistribución equitativa de la riqueza, inclusión social y crecimiento con inclusión de todos los sectores.
Las pymes han crecido siempre en democracia, bajo proyectos enfocados en la industrialización del país, la independencia y la soberanía nacional, con un papel activo del Estado, que garantice los derechos humanos, económicos, sociales y productivos del conjunto de la ciudadanía.
Estas empresas son parte de un entramado productivo local que es desarticulado cada vez que se impone la ley del más fuerte, la teoría del derrame y la maximización de los intereses de los grandes grupos económicos y el poder financiero global. Es decir, lo contrario del orden democrático y la supervivencia de la República.
Por estos motivos una discusión sobre el proyecto de país que necesitan las pymes debe comenzar por el desempeño del Estado y su papel indelegable en el diseño, implementación y gestión de las políticas públicas, convocando a los diversos sectores políticos y sociales para alcanzar los consensos necesarios con vistas al desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones.
