Amnistía Internacional confirma que la policía de Jujuy realizó una represión violenta, llevo a cabo detenciones arbitrarias e hizo uso ilegal de la fuerza. El Informe completo de la entidad.
Argentina: Represión violenta y criminalización en respuesta al ejercicio de la protesta en Jujuy
La policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras
prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma
constitucional en la provincia, dijo Amnistía Internacional hoy tras concluir una misión de
investigación en la zona.
“Luego de llevar a cabo la aprobación de una nueva Constitución sin consultar a la población y
sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, hemos encontrado
que la policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra
de quienes protestaban por sus derechos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de
Amnistía Internacional. “Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han
forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar
pacíficamente”.
Del 25 a 29 de septiembre una delegación de Amnistía Internacional visitó la ciudad de San
Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques en la
provincia de Jujuy. La organización entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo
integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de
derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello
Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, se solicitó reunión
con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, las
cuales aún no se pudieron concretar.
Jujuy
Lesiones físicas y dificultad de obtención de atención médica
Amnistía Internacional constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el
empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas, lo que resultó en múltiples casos de
lesiones de quienes participaron en la protesta.
Tanto los testimonios compartidos con la delegación como los registros audiovisuales
analizados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional demuestran que la
policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban.
De hecho, entre los testimonios recibidos por la organización, de personas con lesiones por el
impacto de esta arma, dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un
adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso. Bajo el derecho
internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la
parte superior del cuerpo están prohibidos. Además, estos proyectiles deben ser utilizados
únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y sólo
cuando otros medios menos extremos sean insuficientes.
Gran parte de los testimonios recabados por la organización dan cuenta de la presencia de
funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en
vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse al ser interpelados
por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de
funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y
piedras.
Muchas de las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional que sufrieron lesiones físicas
relataron haber encontrado resistencia y hasta la negación a la atención médica en más de un
hospital público en la provincia. Tal como lo señalan los Principios Básicos de las Naciones
Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, las autoridades tienen la obligación
de brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas lo antes posible.
Detenciones arbitrarias, persecución penal y contravencional
Amnistía Internacional también escuchó múltiples relatos de detenciones a personas por el
solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de
privación de la libertad.
Por ejemplo, durante las protestas realizadas en San Salvador de Jujuy el 20 de junio, más de
70 personas fueron privadas de su libertad. Sin embargo, según información del Ministerio
Público de Acusación, solamente “dos o tres” de ellas están siendo investigadas por supuestos
hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones, mientras las demás fueron
liberadas sin ningún cargo.
Asimismo, durante las protestas masivas en la localidad de Purmamarca el 17 de junio, muchas
personas fueron detenidas sin haber recibido ninguna justificación de parte de la policía,
incluyendo un adolescente de 17 años quien fue llevado a un centro de detención aun después
de haber aclarado a las autoridades que era menor de edad. Una mujer detenida
arbitrariamente también en Purmamarca relató haber sido obligada a desnudarse totalmente
delante de un grupo de policías varones.
Por otro lado, se ha constatado el uso generalizado del Código Contravencional provincial para
intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. La utilización de este
instrumento, que regula faltas menores y cuya aplicación se encuentra bajo la órbita del
Ministerio de Seguridad de la provincia, ha sido otra forma de criminalización de las protestas
en Jujuy. Diversas personas entrevistadas relataron haber recibido notificaciones de supuestas
contravenciones en sus casas o en las calles por el simple hecho de haber participado de forma
pacífica en una manifestación o haber brindado alimentos o bebidas a quienes se
manifestaban. Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del
Ministerio de Seguridad, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden
resultar en multas onerosas o incluso la privación de la libertad. En muchos casos se ha
documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona penalmente
también, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento.
A su vez, según información brindada por el Ministerio de Seguridad, 180 policías habrían
resultado heridos durante las protestas en Jujuy, hechos que están siendo investigados por las
autoridades. En cambio, se ha constatado una falta de proactividad de las autoridades para
investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las
manifestaciones. En este sentido, los testimonios relevados dan cuenta del miedo por parte de
víctimas a presentar las denuncias, por temor a ser perseguidos por su participación en las
protestas.
“Resulta inadmisible que, haciendo uso del legítimo ejercicio de sus derechos humanos para
reclamar a las autoridades por la falta de consulta previa a un instrumento tan central como la
Constitución provincial, las comunidades originarias hayan sido víctimas de violencia, abusos y
detenciones arbitrarias. En sus testimonios, jóvenes, mujeres y lideres indígenas transmitieron
la importancia que le dan a la gestión de los recursos naturales en su cosmovisión y formas de
subsistencia y cómo el haber sido excluidos de su derecho a participar en las reformas
impuestas les empujaron a salir a las calles a protestar como herramienta para hacerse
escuchar. Estas personas luchan por su vida en un contexto de exclusión absoluta y las
autoridades deben respetar sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”,
señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así
como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos. Las autoridades de
la provincia deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva,
independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las
protestas.”
Fuente: Amnistía Internacional
