Lo expresó el gobernador Ignacio Torres, y es como consecuencia del conflicto generado por el gobierno de Javier Milei. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente, según la provincia, $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”. Gobernadores de distintos espacios políticos -incluso los del PRO- salieron inmediatamente en respaldo de Ignacio Torres, de Chubut y del federalismo. Torres publicó en su cuenta de X una dura carta titulada “Las provincias unidas del sur”.
El apoyo de otros gobernadores
Gobernadores de distintos signos políticos salieron inmediatamente en respaldo de Ignacio Torres, de Chubut y del federalismo.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo: «No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen».
Más escueto, pero igual de contundente, fue el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto: «El Federalismo no se negocia».
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, hizo lo propio: «Repudiamos tajantemente los embates contra la provincia hermana Chubut, solidarizándonos con el Gobernador Torres y el pueblo chubutense».
Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó: «Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta ‘extorsión’ y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores, sino contra los pueblos de las provincias».
En el mismo sentido, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apuntó: «Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis«.
Finalmente, los gobernadores del PRO esgrimieron un escrito propio, en forma conjunta, en apoyo a Torres: «El gobierno nacional de cumplir la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia», dice el texto firmado por Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
El texto del gobernador de Chubut. “Las provincias unidas del sur”.
En el citado comunicado, Torres expresó: «Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses«, expresaron los gobernadores patagónicos.
«Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina», agregó.
En la misiva, se informa que Chubut «está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”.
«No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo. También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», añadió.
